El primer año de Milei también atentó contra la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Selfies con represores, juicios estancados, discursos negacionistas y decretos que habilitan la intervención de las FFAA en temas de seguridad interior.
Para cerrar un año nefasto en todo lo que tiene que ver con las políticas de derechos humanos, que incluyó discursos de odio y apologistas del terrorismo de Estado provenientes desde las más altas esferas del poder, visitas a genocidas en sus lugares de reclusión, ataques a militantes de distintos organismos que bregan por la Memoria, la Verdad y la Justicia, desmantelamiento de secretarías y espacios destinados a la búsqueda de nietos y nietas que aún falta recuperar sus identidades y estancamiento de causas de delitos de lesa humanidad, en los últimos días de 2024 el gobierno nacional se despachó con dos medidas que apuntan a otorgarle atribuciones especiales a las Fuerzas Armadas. “Se trata más bien de una derecha nostálgica del autoritarismo que nos quiere llevar hacia esos tiempos oscuros, con una historia tan trágica para nuestro país”, señala al respecto Tomás Labrador, integrante de la agrupación Hijos Rosario.
Si le das más poder al poder
Ante la publicación de dos recientes decretos que le dan rienda suelta al despliegue de Fuerzas Armadas con el argumento de proteger sitios que cualquier funcionario de turno considere “de valor estratégico” para el Estado, no fueron pocas las voces que expresaron preocupación por los avances del Poder Ejecutivo sobre las facultades exclusivas e indelegables del Poder Legislativo. Los decretos publicados en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad), habilitan a las FFAA a intervenir ante amenazas y agresiones terroristas, de forma tanto disuasiva como efectiva, y a proteger los denominados “objetivos de valor estratégico”. Una definición tan vaga como peligrosa que le abre la puerta a la represión interior, una de las grandes obsesiones de la Pato.
“Evidentemente es otro intento de involucrar nuevamente a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, cuando realmente tenemos una larga y trágica historia, sobre todo en la mitad del siglo XX, con respecto a ese tipo de funciones que no son las funciones específicas que tienen, ni tampoco están preparadas para llevarlas adelante”, cuestiona Labrador, y añade: “Se trata más bien de una derecha nostálgica del autoritarismo que nos quiere llevar hacia esos tiempos oscuros, con una historia trágica para nuestro país y también para las propias FFAA que sufrieron un gran desprestigio, que vieron cómo buena parte de sus oficiales y miembros eran juzgados por delitos aberrantes, como tortura, violaciones, robos, secuestros”.
Las provocaciones y embestir todo lo relacionado a los simbólico son una práctica habitual del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). La educación y la salud pública, el género y la diversidad, el derecho al aborto legal, gratuito y seguro, y por supuesto los derechos humanos. “Les encanta esto de tirar para atrás, no solamente en los aspectos económicos sino también tirar para atrás cuestiones que tienen que ver con derechos conquistados por el pueblo argentino, con una larga tradición de lucha y de dispositivos que eran tendientes a garantizar no solamente los derechos humanos e investigar los delitos que se cometieron durante la última dictadura, sino también los derechos humanos del presente o que siempre van a estar en presente: el derecho humano a la alimentación, a la salud, a los medicamentos, todos sectores y conquistas que han sido fuertemente atacados por este Gobierno”, enumera Tomás.
Y prosigue: “El argumento para habilitar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior es que la Argentina podría estar en peligro, cuando está claro que realmente no estamos en una situación de esas en el cono sur de América Latina, porque nosotros somos parte de una región, por más que quieran trasladarnos a Ucrania u Oriente Medio, no estamos en ese tipo de escenario en la República Argentina ni mucho menos. Pero ya estamos acostumbrados a que este Gobierno trate de pintarnos una realidad que no es tal. Así como tratan de pintarnos una realidad con grandilocuencia acerca de los grandes éxitos económicos que tiene su gestión que termina chocando contra la realidad, porque realmente vemos cómo los sectores asalariados cada vez perdemos más poder adquisitivo, cómo los jubilados están sufriendo recortes no solamente en sus jubilaciones sino también en sus derechos, dentro de esas alucinaciones también está esa cuestión de un gran peligro. Hace algunos años era la triple frontera y ese supuesto gran riesgo que existía. Gracias a eso fueron metiendo al Ejército de Estados Unidos no solamente en el Paraguay sino también en el río Paraná. Son arietes discursivos que utilizan para poder llevar adelante esos objetivos que no son ni más ni menos que ceder la soberanía de nuestro país. Un país que, además, nunca tenemos que dejar de recordar que tenemos territorio ocupado por una potencia extranjera, porque las Malvinas siguen ocupadas. Es decir, las FFAA deberían estar preocupándose por cómo está la situación en nuestra Patagonia, en nuestros mares, en los recursos naturales, en cuestiones que realmente atañen a nuestra soberanía y no estar distrayéndose por la seguridad interior. Ha quedado claro dentro de los pactos democráticos, a partir de la recuperación de la democracia en el 83, cuáles son las funciones de las fuerzas, y que deben estar subordinadas al poder político y cumplir con las funciones que les atañen”.
Sólo el pueblo salva al pueblo
Otro de los retrocesos en materia de derechos humanos en este primer año de gestión de Javier y Karina, fue el estancamiento de juicios por delitos de lesa humanidad. En Rosario, uno de los procesos que se viene dilatando es el que tendría como eje principal ventilar el accionar del Poder Judicial en los oscuros y sangrientos años de la última dictadura.
En 2018, la agrupación Hijos Rosario presentó una denuncia en los Tribunales Federales para que se investigara la presunta complicidad del ex juez federal Guillermo Tschopp con la represión ilegal en la región. En septiembre de 2020, el magistrado Marcelo Bailaque procesó a Tschopp, y un año más tarde Hijos amplió la denuncia, por esos mismos delitos, al secretario del juzgado de Tschopp, Horacio Claverié, y a los entonces procuradores fiscales José Luis Vázquez y Pedro Tiscornia. Sin embargo, este año la causa quedó “encajonada” como se dice en la jerga judicial.
“Tras una larga lucha de los organismos de derechos humanos conseguimos juzgar a los ejecutores de ese plan sistemático de tortura, exterminio y desaparición de personas, pero a la hora de poner en el banquillo a los partícipes civiles de la dictadura, ya sea del sector empresarial o, como en este caso, de miembros del Poder Judicial, vemos cómo esas redes de complicidad, de tratar de garantizar la impunidad, a pesar de que pasaron más de 40 años desde que se recuperó la democracia, cómo siguen actuando, cómo siguen influyendo y cómo siguen tratando de garantizarse a sí mismos impunidad, bien sea impunidad biológica o alargando las causas o tratando de reducir esas causas a cuestiones que por ahí tienen menor importancia en cuanto a las condenas que están establecidas en el Código Penal”, fustiga Labrador, y argumenta: “Las Fuerzas Armadas fueron el brazo ejecutor de ese plan que necesitó de represión, de tortura, de asesinatos, de infundir el terror en toda una sociedad para implementar un plan económico. Pero dentro de ese plan siniestro que llevaron adelante, participaron también las fuerzas de seguridad –no olvidemos la actuación de la Policía de la Provincia de Santa Fe con el nefasto Agustín Feced al frente– pero también formaron parte civiles que no solamente le dieron funcionarios a los gobiernos de facto en los distintos niveles, sino que también desde el Poder Judicial actuaron y cómo esos sectores siguieron manteniendo de alguna u otra manera un gran nivel de poder, de lobby, de mantener influencias”.
A la hora de hacer un balance de 2024 en torno a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, Tomás indica que “ha sido un año muy intenso”, y detalla: “Junto con los demás organismos de la ciudad, y distintas organizaciones sociales y políticas con los que conformamos la Mesa de organismos de derechos humanos, realmente hemos tenido un año muy intenso en cuanto a nuestro trabajo, a nuestra militancia, a nuestras denuncias, pero hemos tratado de estar junto a nuestro pueblo, junto a este presente de lucha, de dificultades económicas, de personas que se quedan sin trabajo, de desmantelamiento de organismos que llevan adelante no solamente políticas de derechos humanos o de investigación con respecto a la última dictadura, sino también con cuestiones de género, en las que también la provincia desmanteló espacios, o con respecto a los comedores a los que no les llega la comida, o sectores como los jubilados que los han dejado sin el acceso a gran cantidad de medicamentos. Lamentablemente sabemos que en este país, cuando hay una línea muy marcada desde el gobierno nacional que va hacia el recorte de derechos, hacia el autoritarismo, suele ser copiada por otros gobiernos, como en este caso el gobierno provincial, que bajo el manto de ese autoritarismo, de esa estridencia en las formas del gobierno de Milei, se acopla y también toma medidas en esa línea, encarcelando arbitrariamente a militantes y miembros de sindicatos. Pero creo que podemos estar orgullosos de nuestro pueblo, más allá de la cobardía de algunos sectores de la dirigencia que no han estado a la altura, este pueblo sigue mostrándose resistente a este tipo de gobiernos y de medidas que van en contra del pueblo y a favor de las grandes corporaciones, del disciplinamiento y del recorte de derechos para el conjunto de la sociedad”.
Publicado en el semanario El Eslabón del 28/12/24
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