Periodistas salvadoreños denuncian amenazas del gobierno luego de publicar investigaciones sobre jefes pandilleros y su relación estrecha con el presidente. Es uno de los primeros aliados a Trump y le alquila la megacárcel para los inmigrantes que expulsa de EEUU.
Los periodistas del diario digital salvadoreño El Faro denunciaron esta semana amenazas por parte del gobierno y temen por su integridad luego de haber publicado nuevas investigaciones sobre jefes pandilleros que revelaron la relación estrecha que tuvieron desde un principio con el presidente Nayid Bukele, desde que fuera alcalde. Además, dan cuenta de acuerdos espurios que establecieron para respaldar sus posteriores triunfos eleccionarios. Las revelaciones surgen en un contexto en el que Bukele se convirtió en el carcelero de Donald Trump al recibir a inmigrantes expulsados de EEUU en su megacárcel de máxima seguridad. En tanto, se mantiene en el país centroamericano un estado de sitio desde hace tres años y aunque las bandas parecen desarticuladas, diversos organismos de derechos humanos alertan sobre irregularidades, falta de protección jurídica de los ciudadanos y detenciones arbitrarias, entre otros atropellos.
Las versiones de complicidades y pactos entre el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele y los jefes pandilleros para sellar una “paz” entre sombras que se convirtió en su principal capital político, se vieron ratificadas por las declaraciones de uno de los líderes de la mara Barrio 18 Revolucionarios, Carlos Cartagena, alias “Charli de la IVU”, y por otro integrante que también declaró en el mismo sentido, aunque sin mostrarse, en sendas entrevistas al diario digital El Faro.
Las declaraciones publicadas el fin de semana pasado aún siguen resonando y desde el medio periodístico, su director Carlos Dada alertó que la Fiscalía General del Salvador preparaba órdenes de detención para los periodistas que realizaron las entrevistas. Por lo tanto, elevaron la denuncia a organizaciones internacionales de derechos humanos y de libertad de expresión.
Oscar Martíinez, jefe de redacción de El Faro y uno de los entrevistadores, resaltó ante la cadena alemana DW, que uno de los pandilleros más célebres, Charli, relató “los detalles de lo que pactaron con Bukele, cómo lo ayudaron a ganar la presidencia, cómo recibieron un cuarto de millón de dólares del entonces partido de Bukele, cómo les pidió ayudar a controlar a los ciudadanos durante la pandemia y cómo también era el acuerdo para moderar los homicidios y las extorsiones mientras el pacto estaba vigente”.
Para el periodista esto confirma las versiones que vienen investigando desde hace tiempo sobre un acuerdo sombrío entre las bandas criminales y “el líder al que muchos admiran y siguen admirando”.
“Hay un hecho que ya es innegable, es imposible entender la historia política de Nayib Bukele sin su asociación con las pandillas, sobre todo para llegar a la alcaldía capitalina que fue el primer cargo de trascendencia que Bukele tuvo y donde se se hizo profundamente popular para lograr ganar las presidenciales”, subrayó Martínez.
El periodista acotó que luego de romperse el acuerdo de forma explosiva, Bukele logró con el régimen de excepción desarticular las acciones de la pandillas. El pacto terminó después de una masacre de 87 salvadoreños cometida por la Mara Salvatrucha en un sólo fin de semana, recordó Martinez. “Pero esto no borra el hecho de que en su construcción política y en la construcción de su gobierno, hubo un pacto con las pandillas que duró desde que él llegó a la alcaldía en 2015 hasta que lanzó el régimen de excepción en marzo de 2022”, resaltó.
Mientras el tema seguía sumando repercusiones, el gobierno metió mano para imponer su propia agenda y no tuvo mejor idea que meter presos, el miércoles pasado, a cinco empresarios del sector del transporte por incumplir una orden dada por Bukele de no cobrar boletos entre el 5 y el 11 de mayo en compensación por el cierre de una de las arterias principales de San Salvador por obras.
Al mismo tiempo, siguen los reclamos por los deportados, muchos de ellos detenidos de forma arbitraria y sin ninguna causa desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, la “prisión más grande del mundo”.
El Cecot se encuentra a unos 74 kilómetros al sureste de la capital, San Salvador, en un entorno rural y en una extensión de 116 hectáreas. Se estima que puede albergar a 40 mil presos.
Cabe recordar que Bukele fue el primer presidente latinoamericano en ser recibido en Washington por Trump el 14 de abril pasado, cuando sellaron un acuerdo de “lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional”, un contrato que incluye 6 millones de dólares por parte de EEUU y del que se desconocen muchos detalles. El Salvador se había posicionado como un aliado contra la migración irregular para Estados Unidos, desde el 15 de marzo pasado, cuando Trump deportó a 238 venezolanos y 23 salvadoreños y el gobierno de Bukele los recibió y los envió a la Cecot.
Se los acusaba de ser miembros de las bandas Tren de Aragua y MS-13, pero organizaciones internacionales y familiares aseguran que los deportados no son integrantes de esos grupos criminales.
A esto se suman casos como el del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por “un error administrativo”, como lo reconoció el propio gobierno de Estados Unidos. Aunque la Corte Suprema de Justicia le pidió a la Administración Trump que facilite su regreso, el gobierno de Bukele se niega.
En tanto, otro de los periodistas de El Faro, Carlos Martínez, expresó a France 24 que “el presidente Bukele se quiere vender como una especie de carcelero continental, intentar proyectar una imagen de un mandatario fuerte contra el crimen organizado, y de hecho ha conseguido convencer a muchas personas en muchos países que el modelo Bukele es un modelo capaz de acabar con organizaciones criminales peligrosas”.
Para el periodista, estas declaraciones de los jefes criminales dan cuenta de que “gran parte del éxito que tuvo en la reducción de los homicidios se cimentó en acuerdos ilegales y criminales, con estructuras como la pandilla Barrio 18 o la Mara Salvatrucha 13”.
Pero ese “triunfo” ante las bandas criminales, descubre un fracaso institucional que cada día se torna más grave, amplió Martínez, quien denunció la amenaza pública del director de la Organización de Inteligencia del Estado sobre los periodistas y las posibles órdenes de detención en su contra.
“En El Salvador la división de poderes ya no existe, el poder es ejercido según la voluntad de un sólo hombre que ha ocupado los tres poderes del Estado de manera que el presidente Bukele puede dar órdenes a fiscales, puede dar órdenes a jueces y hay que recordar además que El Salvador tiene tres años sin derechos constitucionales plenos, que fueron suspendidos con el pretexto de la persecución a las pandillas y que al cabo del tiempo ha dejado a 84 mil salvadoreños detenidos sin juicio, sin tener derecho a la presunción de inocencia y tal de manera que es decir el aparato del Estado entero está controlado por la voluntad de un sólo hombre y la ley es el capricho de ese hombre”, señaló.
“Los ciudadanos gozamos de muy pocos elementos de protección jurídica como la presunción de inocencia, el derecho a un juicio público y justo, el derecho a tener contacto con un abogado, todos esos derechos están conculcados en El Salvador”, recalcó el periodista.
Publicado en el semanario El Eslabón del 10/05/25
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