La existencia de las bibliotecas populares tal como las conocemos sigue en peligro. El pedido que estas instituciones les hicieron a las y los legisladores nacionales para que no prospere el decreto 345/25 del gobierno de Javier Milei no tuvo éxito en la última sesión de Diputados del miércoles 2 de julio. Ahora habrá que esperar por una nueva oportunidad. La decisión oficial está tomada y es que funcionen como una “unidad organizativa” dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación. Eso significa terminar con la autonomía, la territorialidad, el carácter federal y los 155 años de historia que las identifican.
Una biblioteca popular puede ser un lugar para abrazar los principios de memoria, verdad y justicia. Para demostrar el poder que tiene una comunidad cuando se organiza y levanta un teatro, funda una editorial y hasta una escuela. La Vigil, en el sur de Rosario, es un testimonio de esto.
En el otro extremo de la ciudad, hace pocos días, la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi cumplió 90 años. Una institución que abre cada día sus puertas al barrio. En el límite con Rosario, en Cabín 9 (un populoso barrio de Pérez), desde hace tres años funciona la Biblioteca Popular Irulana. Arrancó con la necesidad del encuentro, de los abrazos, tras la pandemia. La literatura es la razón que convoca a las infancias.
También en la zona sur, cerquita de La Vigil, está la Biblioteca Popular Pocho Lepratti, que nació –según se presenta– “después de diciembre de 2001, como un espacio más que viene a sumarse a la lucha sociocultural, desde abajo, compartiendo con el que tenemos al lado”.
Sobre Ovidio Lagos al 300 funciona la Biblioteca Popular Alfonsina Storni, que “lleva el nombre de una mujer vanguardista, una mujer cuya herramienta de trabajo y de lucha fue la palabra”, como la describió una nota del Boletín Enredando publicada en este semanario.
Y en el Lejano Oeste –así les gusta decir– está la Biblioteca Popular Cachilo, un faro de lectura y donde puede encontrarse la mejor literatura infantil y juvenil. Hace unos años, en una entrevista para Femimasa (suplemento que acompañaba a El Eslabón), Claudia Martínez, coordinadora de ese espacio, definía el hecho de tener una biblioteca a mano como una “forma de acceder a la ciudadanía y a nuestros derechos”. “Es una ventana al mundo, porque la gente se acerca y encuentra un espacio de socialización más grande, donde no sólo construye subjetividad sino también comunidad”.
Cada biblioteca tiene una historia propia y una común construida en comunidad. No es extraño entonces que las políticas libertarias y del mercado quieran exterminarlas.
Hace un par de años, el ex vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera advertía que la ambición de dinamitar el Estado es ante todo la intención de dinamitar la memoria común; en otras palabras, terminar con la educación y la salud públicas, con los bienes culturales y los recursos naturales.
“Cuando los neoliberales autoritarios se plantean dinamitar el Estado, lo que quieren es dinamitar ante todo la historia de luchas y de derechos de los pueblos. Lo que pretenden es borrar lo poco o lo mucho de los derechos comunes que las sociedades han labrado a lo largo de la historia, como la educación pública y gratuita, la salud pública”, expresaba García Linera en un congreso de educación realizado en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en septiembre de 2023, pocos meses antes de que La Libertad Avanza llegara al poder.
Y agregaba: “Por eso es que las oligarquías no tienen patria, nunca la han tenido ni desean tenerla. Porque no tienen nada en común con el resto del pueblo. Es más, lo desprecian, les avergüenza el pueblo, pero lo necesitan porque su riqueza privada es el robo de la riqueza común del resto”.
Defender la cultura
El pedido en defensa de las bibliotecas no es nuevo. Se agudizó a fines de mayo pasado cuando se conoció –a través de lo difundido en el Boletín Oficial– que los recortes contemplados en el decreto 345/25 avanzaban sin mayores consultas. La alerta se encendió y desde la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) se puso en marcha una campaña para denunciar lo que las medidas libertarias significan.
“Defendamos a la Conabip” se tituló un documento que circuló (y circula) por todas las redes disponibles. Lo escribieron desde la Red Internacional por las Bibliotecas Populares para manifestarse –tal como expresan– “en contra de la destrucción de la Conabip y en defensa de las Bibliotecas Populares Argentinas luego del decreto 345/2025 publicado el 22 de mayo en el Boletín Oficial, que pone en peligro la continuidad del organismo creado por Sarmiento en 1870”.
El documento repasa las principales implicancias de este decreto, que desde el vamos elimina la Conabip y la reemplaza por “una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación”. “De Conabip solo queda el nombre”, avisan.
Otra de las consecuencias es que elimina “el carácter federal del organismo”, al destruirse “la composición de la Comisión Nacional (presidente, secretario, vocales con representación sectorial y provincial), se crea un cargo de director nacional, y se suma un consejo asesor integrado por cinco personas elegidas arbitrariamente por el secretario de Cultura”. Las voces de las provincias ya no están representadas en este nuevo organismo.
Una de las características principales de las bibliotecas populares es que han sido creadas como reflejo del trabajo comunitario, allí en los barrios, espacios rurales o grandes centros urbanos donde vecinas y vecinos se comprometieron para que existan. Por el contrario –señala el documento de la Red– “a partir de esta medida se corre el riesgo de dejar en manos de las autoridades de la Secretaría de Cultura toda decisión sobre el reconocimiento de nuevas bibliotecas populares o eliminación de bibliotecas populares ya existentes”.
El decreto avanza sobre el trabajo territorial, identitario de cada una de las bibliotecas populares, ya que pierden “autonomía para el desarrollo y ejecución de políticas públicas”, ya que “las decisiones sobre planes y programas quedan exclusivamente a cargo del secretario de Cultura”.
“En la Conabip hay saberes, experiencias y expertise acumulados a lo largo de los años que constituyen un valor agregado para toda acción implementada en beneficio de las bibliotecas populares y para establecer prioridades de gestión que garanticen su fortalecimiento”, valora el documento de la Red Internacional en defensa de la Conabip.
No es todo. A partir del decreto 345/25 el presupuesto queda en manos de la Secretaría de Cultura en lugar de ser administrado directamente por la Conabip.
El pedido que hacen las bibliotecas populares –reunidas en la Conabip– es bien claro: seguir funcionando con autonomía y representatividad federal. “Este decreto, que elimina a la Conabip como organismo, no moderniza ni mejora la gestión: desmantela una política pública histórica, exitosa y profundamente democrática que garantiza acceso federal a la cultura y desarrollo local”, alertan.
“Quisiera que me recuerden”
La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) fue fundada por Domingo Faustino Sarmiento en 1870. Este año celebra su 155 aniversario. Según repasa un artículo del sitio argentina.gob.ar, la primera biblioteca popular fue creada en San Juan, en 1866, por Sarmiento.
Tal como destaca ese artículo, durante el siglo XX, la vida de las Bibliotecas Populares y de la Conabip tuvo diferentes matices según los gobiernos al frente del Estado nacional: “Durante ciertos períodos, se dio el fortalecimiento de estos actores y en otros se enfrentaron a la falta de acompañamiento, el abandono e, incluso, la persecución en tiempos de dictaduras”.
El gobierno de Néstor Kirchner fue decisivo para la consolidación de las bibliotecas populares de todo el país: “Fue el primer presidente que incluyó a la Conabip dentro del presupuesto nacional, lo que permitió el desarrollo y fortalecimiento del crecimiento de las bibliotecas populares”.
Según valora este artículo, “Kirchner fue el segundo presidente en la historia ,luego de Juan Domingo Perón, que participó en un Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares en la Feria del Libro”. Eso pasó en 2005, “cuando leyó el poema del militante desaparecido Joaquín Areta titulado Quisiera que me recuerden: una obra que está incluida en Palabra Viva, una antología con textos de escritoras y escritores desaparecidos, editada por la Conabip en conjunto con la Sociedad de Escritoras y Escritores (SEA)”.
Publicado en el semanario El Eslabón del 05/07/25
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