El mismo día que Pullaro aseguró que Santa Fe “es ejemplo en América latina por la baja del delito”, Bullrich celebró la aplicación de la ley antimafias.
El mismo día en que en una audiencia reservada un juez federal de Garantías de Rosario habilitaba la aplicación por primera vez en el país de la denominada Ley Antimafias, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguraba que la provincia “es ejemplo en América latina por la baja del delito y por la baja de la violencia”. La pregunta sería entonces: ¿En qué quedamos? Si es como afirma el mandatario, se hace más difícil aún comprender por qué es necesaria esa suerte de “intervención federal” que supone la puesta en marcha en la principal ciudad de la provincia la norma impulsada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que suprime garantías constitucionales en una parte del territorio a partir de una autorización policial. En forma paralela, según los datos del Observatorio de Seguridad Pública, en el primer semestre del año los homicidios intencionales aumentaron un 20 por ciento en relación al mismo período de 2024, el primer año de la gestión de Unidos.
El abogado penalista Gustavo Feldman reaccionó al anuncio de aplicación de la llamada Ley Antimafias en su cuenta de X: “Con lenguaje propio de las Madres de Plaza de Mayo (ni un paso atrás) Patricia Bullrich anuncia la intervención federal en Santa Fe”. A la vez, comparó los dichos públicos del gobernador sobre el ejemplo subcontinental que de acuerdo a sus palabras brinda Santa Fe, con la “audiencia secreta” en la que el juez federal Eduardo Rodrígues da Cruz “activa el dispositivo de la Ley Antimafias, coadyuvando a una virtual intervención federal”.
Con lenguaje propio de las Madres de Plaza de Mayo ( ni un paso atras) @PatoBullrich anuncia la intervención federal en Santa Fe https://t.co/Y3FpV1fYcF
— Gustavo E. Feldman (@GustavoEFeldman) July 16, 2025
El diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), Carlos Del Frade, sostuvo por su parte que “la reducción de homicidios en los últimos dos años parece contradecir este anuncio” de aplicación en Rosario de la severa norma. “Alguien miente”, opinó, para agregar que “el problema es que con la excusa del combate contra el narcotráfico se profundizará el control social y no la seguridad”.
En reserva y en público
El miércoles hubo dos actos casi paralelos. Uno ocurrió en la reserva de la sala de audiencias de los Tribunales Federales locales, donde el juez Rodríguez Da Cruz autorizó por primera vez en el país la aplicación de la Ley Antimafias a partir de un pedido formulado por el Ministerio de Seguridad nacional y representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF). De esa manera, la ciudad se transformó en el primer territorio de la Argentina en el que se activa formalmente la aplicación de la norma, que para Bullrich “es un paso firme dentro de una estrategia federal que articula inteligencia criminal, despliegue operativo y acción judicial coordinada para enfrentar a las organizaciones criminales que operan sobre el territorio”. El barrio escogido para tanto despliegue es el 7 de Septiembre, ubicado en el noroeste de la ciudad, en el que opera una banda criminal en particular, minimalista.
El otro acto tuvo como escenario la vía pública y lo encabezó en la localidad de Coronda el gobernador Pullaro, para conmemorar el Día del Agente Penitenciario, que se celebra cada 16 de julio en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los carceleros. Allí fue cuando dijo que “hace tan sólo dos años teníamos inmensos problemas de seguridad pública. Muchos de esos conflictos se originaban en las cárceles de la provincia. Desde allí, algunos reclusos ordenaban extorsiones, robos y homicidios, creyéndose dueños de la calle”.
Pero eso ya pasó. “Ustedes entendieron que tenían las herramientas y el respaldo necesario para poner orden en las cárceles, y eso se tradujo en mayor orden en las calles”, abundó el gobernador santafesino, para destacar que Santa Fe “era una de las provincias con mayor tasa de violencia del país” y, dos años más tarde, “hoy es ejemplo en América latina por la baja del delito y de la violencia”.
Sobre las “herramientas” para “poner órdenes en las cárceles” se expidió en su informe 2024 el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) al recordar las palizas ocurridas en febrero y marzo ese año en la Unidad Penitenciaria N°11 (cárcel de Piñero) luego de que fuera baleado un colectivo con personal del Servicio Penitenciario. El documento señala que se trató de “hechos compatibles con la imposición de torturas y con conductas delictivas comprendidas en las figuras penales en las que podrían ubicarse los tratos crueles, inhumanos o degradantes” que afectó a “un número aproximado de cien personas”.
El informe también destaca la mala calidad de las filmaciones que se utilizaron para investigar los hechos, las “cámaras de pabellones que no estaban en funcionamiento por desperfecto; las referencias constantes en las entrevistas al objetivo de que las víctimas no pudiesen reconocer a sus agresores ni quedara registro documental de los hechos ni de quienes participaron” por parte del Servicio Penitenciario. Y señala que “las personas entrevistadas fueron víctimas de delitos contra la propiedad que merecen ser eventualmente investigados, sancionados y reparados”, si no fuera porque a nadie le importa que agentes estatales le afanen a un preso peligroso.
“Ustedes entendieron que tenían el respaldo necesario”, dijo el gobernador durante el acto por el Día del Agente Penitenciario.
“Régimen neofascista”
El abogado penalista Feldman recordó esta semana sus palabras en una entrevista que brindó apenas sancionada la ley 27.786 de organizaciones criminales por parte del Congreso.
Entonces dijo que “la ley está enmarcada en una cuestión de época y en una impronta ideológica, sobre todo del Gobierno nacional, que ha instituido un neoconservadurismo, o de una manera más severa, es un régimen neofascista”.
Para el profesional del derecho “eso se traduce en la ley, cuyo motivo puede ser muy loable: que en la República Argentina ha habido una escalada de la violencia y la criminalidad en los últimos años, de eso no hay ninguna duda. Ahora, cuando más difícil es la situación, más virtuosa tiene que ser la salida”.
Feldman no la ve. “Esta ley además de tener falencias conceptuales para su aplicación, creo que además tiene un sesgo que privilegia la potestad estatal bajo capa de garantizar la seguridad, por encima de algunas prerrogativas constitucionales. Eso no sólo nunca es bueno, sino que además es antijurídico”.
El abogado agregó que “la ley entiende el crimen organizado como si fuera una guerra de pandillas, por lo que prescinde de abordar algunos otros mercados criminales: no habla una palabra de los fraudes financieros, los ciberataques, la corrupción de alto impacto, la evasión impositiva agravada, el contrabando”. Y se preguntó: “¿Hay alguna duda de que hay mafias enquistadas en nuestro sistema financiero nacional?”.
“Me parece que la aplicación de la ley –continuó–, a través de un dispositivo que prevé la ley que es determinar una zona comprometida, implica la ocupación y la intervención, diría, del Gobierno federal. Es una suerte de declaración de facto del estado de sitio, porque es la supresión de muchas garantías constitucionales”. Y ratificó: “Lo que prevé la ley es un estado de sitio encubierto”.
“Control social”
Tras conocerse esta semana la aplicación en Rosario de la ley antipandillas, el diputado Del Frade recordó que “la Legislatura de la provincia de Santa Fe todavía no adhirió a la llamada ley antimafia. Un texto que habla del peligro de perder el territorio a costa de grupos delictivos”.
Para el legislador, “la reducción de homicidios en los últimos dos años parece contradecir este anuncio. Alguien miente. El problema es que con la excusa del combate contra el narcotráfico se profundizará el control social y no la seguridad”.
En esa línea, puntualizó que “la ley antimafia está basada en una estadounidense de 1970 y que solamente le sirvió al imperio para regular el negocio en América del Sur. Mientras tanto, los laboratorios estadounidenses enfermaron a su propio pueblo con el fentanilo y hoy enfrentan más de cincuenta muertes diarias por el consumo impulsado por el Estado y las empresas yanquis”.
Quienes poseen una mirada crítica de la ley de organizaciones criminales –que, en rigor, puede aplicarse a cualquier organización de tres o más personas que cometieran los delitos previstos en la norma, incluidas protestas sociales o sindicales– se centran en la potencial vulneración de derechos individuales y garantías procesales, así como en la falta de claridad en su aplicación y la posibilidad de un uso arbitrario por parte de los poderes públicos.
Por ejemplo, la ley permite en determinados casos la confiscación de bienes sin condena judicial previa, lo que pone en jaque –justamente en este Gobierno– el derecho a la propiedad, y casi que suprime el principio de inocencia, para imponer el de responsabilidad penal presumida.
También se cuestiona que la definición de asociación ilícita es demasiado amplia, lo que podría llevar a la persecución de personas o grupos sin una conexión clara con actividades “mafiosas”. Además, habilita la intercepción de líneas telefónicas sin aviso previo a la autoridad judicial, del mismo modo que los allanamientos, y la detención de personas por las dudas, para luego notificar a un juez. Todo eso se justificaría en una suerte de estado de excepción en el que se encuentra Rosario, pero se sabe por boca del gobernador que en los últimos dos años Santa Fe es ejemplo en Latinoamérica de lo contrario.
Publicado en el semanario El Eslabón del 19/07/25
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