Entre los debates que se darán en la Convención Constituyente provincial iniciada hace unos días se cuenta el referido a “la seguridad pública”, impulsado por un gobierno que insiste en reivindicar el punitivismo y la “mano dura” aunque ello implique contradecir abiertamente principios y garantías vigentes en la carta magna nacional y convenciones internacionales a las que Argentina adhiere. Además de provocar sospechas de querer dar rango constitucional al autoritarismo y el desdén por el cumplimiento de derechos humanos básicos, tan en boga estos últimos años, la gestión encabezada por Maximiliano Pullaro viene aplicando medidas y políticas que ya son blanco de cuestionamientos en ese sentido. Entre los más recientes y trascendentes, se cuentan los del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (CNPT).
En su último informe anual dando cuenta del “diagnóstico de las personas privadas de la libertad en el país, del estado de cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Opcat), así como de las acciones desplegadas durante el período”, el organismo dedicó varios párrafos a la situación en la jurisdicción santafesina, en la que realizó inspecciones y gestiones al cabo de graves denuncias sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Entre ellas, se cuenta la realizada en torno a lo sufrido por detenidos del penal de Piñero a principios del año pasado, en hechos que quedaron reflejados en imágenes de un accionar “a lo Bukele”, en referencia al presidente de El Salvador erigido como emblema de la “mano dura”.
En esa línea de demagogia punitivista y estigmatización de principios de resguardo y protección “garantistas” fue la reacción del gobernador y también convencional Pullaro al accionar de la CNPT, a la que cuestionó despreciando “los derechos humanos” y chicaneando con que “si los presos son tan buenitos, llévenselos a su casa”.
Son varias otras las expresiones e iniciativas de Pullaro –como por ejemplo las reformas y nuevas leyes penales en sintonía con las políticas de la ministra nacional de Seguridad Patricia Bullrich, también cuestionadas por la CNPT y organizaciones de defensa de los derechos humanos– que valen como trasfondo preocupante de la decisión del oficialismo santafesino de establecer como parte del debate en la Convención la inclusión en la Constitución santafesina de nuevos artículos para “incorporar a la seguridad pública como un derecho fundamental y una responsabilidad primaria del Estado” y “de igual modo, establecer principios acerca del rol de las fuerzas de seguridad en el mantenimiento del orden, la prevención del delito y la actuación ante emergencias”.
El tema aún no fue abordado en los primeros días de sesión de las y los convencionales, en los que apenas se logró aprobar cuestiones tan elementales como el reglamento de funcionamiento y la conformación de comisiones. Pero forma parte de lo que el propio oficialismo difundió como “principales ejes” de su propuesta de reforma y expone posibles coincidencias con los bloques en principio más airadamente opositores, como los de libertarios y seguidores de Amalia Granata, también sumados a la ola autoritaria y cultora del punitivismo puro y duro que Unidos despliega desde la Casa Gris.
Publicado en el semanario El Eslabón del 19/07/25
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