Con todas las letras

Foto: Ctera

La educación es un derecho humano, social e irrenunciable. Con este principio se posicionan los gremios docentes ante la reforma de la Constitución santafesina. Rechazan que ese derecho sea considerado un servicio y cualquier forma de mercantilización. Defienden que la docencia tenga un trabajo respetuoso del oficio que representa y una jubilación digna.

“Desde Amsafé reafirmamos nuestra histórica posición en defensa de la escuela pública y de los derechos de las y los trabajadores de la educación”, dicen desde el sindicato del magisterio público. Definen a la educación como una responsabilidad del Estado y por tanto como “un derecho social fundamental y un pilar indispensable para construir sociedades democráticas, inclusivas, solidarias e igualitarias, que garanticen el ascenso social colectivo y la ampliación de derechos”.

Según enuncian en un comunicado, impulsan una serie de puntos que consideran esenciales para que la nueva Constitución incorpore. Uno es que la provincia garantice “un salario digno para las y los docentes de todos los niveles educativos”, que en la práctica se traduzca en asegurar una real calidad de vida. 

Otra cuestión central relacionada con los salarios y las condiciones laborales es “la incorporación de las Convenciones Colectivas para el personal docente (ley 12.958/08)”, es decir, de la paritaria. Un pedido más que atendible si se tiene en cuenta que la administración de Maximiliano Pullaro desde el primer día de su gestión hace lo que se le antoja con esta herramienta de la democracia.

La creación del Consejo Provincial de Educación es otra de las iniciativas considerada clave por Amsafé. Según explican, se busca que “todos los integrantes de la comunidad educativa se conviertan en protagonistas reales en la toma de decisiones y en el funcionamiento del sistema educativo”.

Y para la docencia organizada, un punto clave para llevar a la nueva Constitución es que se respeten “los principios y derechos ya establecidos en la ley nacional de educación N° 26.206”; que no se resigne ni retroceda “en las conquistas ya garantizadas a nivel nacional”.

El tema previsional es otra de las cuestiones irrenunciables para el sector docente. Y más aún desde que el gobierno de Pullaro impulsó y logró aprobar de manera exprés la reforma en materia de jubilaciones quitándole derechos conquistados a docentes y demás trabajadoras y trabajadores del Estado santafesino. 

Así, Amsafé define que la nueva Carta Magna provincial debe contemplar en materia previsional un “sistema solidario y de reparto estatal”, y que “la Caja debe ser intransferible a la Nación o al sector privado”. También que se debe garantizar el 82 por ciento móvil para todos los jubilados. Y en esa misma línea demandan que lo que se percibe como jubilación no se vea afectado “por leyes especiales, tales como las de emergencia (aportes solidarios) o las cargas impositivas, como el impuesto a las ganancias”.

“Creemos que la nueva Constitución provincial debe consolidar y ampliar derechos, no restringirlos”, señalan desde Amsafé, y afirman que seguirán “trabajando colectivamente para defender la escuela pública, gratuita y de calidad, y para garantizar condiciones laborales dignas para quienes día a día sostienen el derecho social a la educación”.

Que no haya dudas

Por su parte, para Sadop Rosario no debe haber dudas y “el derecho a la educación debe ser expreso”, dicho con todas las letras en la nueva Constitución. Los argumentos de por qué esta es una enunciación central en materia educativa los da el secretario general de este gremio, Martín Lucero, en el recientemente presentado documento Nos los representantes del pueblo, con prólogo del convencional constituyente Juan Monteverde.   

“A diferencia de la Constitución Nacional, el texto constitucional santafesino tiene un capítulo específico destinado al sistema educativo formal. No menciona de manera expresa el derecho a la educación (que entendemos contenido en el de enseñar y aprender); sin embargo, es imposible soslayar que el cúmulo de obligaciones y garantías que establece el capítulo hablan a las claras de la protección constitucional de la educación”, se lee en la publicación de Sadop Rosario y que firma Lucero. 

Tal como se explica, que la educación como derecho esté dicho sin vueltas en la nueva Constitución también es una respuesta a las ideas que pretenden hacer de la educación un servicio, una mercancía. Esta idea –dice Lucero en el documento– se emparenta con quienes no les interesa que la escuela sea obligatoria. Para el caso recuerda los dichos del diputado libertario Bertie Benegas Lynch que, sin avergonzarse, aseguró: “Libertad es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”.  

Para el sindicato local de docentes del sector privado, concebir a la educación como un servicio desresponsabiliza al Estado y habilita a la exclusión: “Sólo un Estado presente garantiza acceso, permanencia y gratuidad”. 

Al igual que Amsafé, los docentes privados entienden que un punto clave que debe contemplar la nueva Carta Magna santafesina es que siga los lineamientos de la ley de educación nacional 26.206, que –como bien se recuerda, fue sancionada luego de un proceso de consultas a toda la sociedad– manifiesta que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”.

La propuesta que impulsa el Sadop Rosario contempla el principio de que “las comunidades tienen derecho a crear escuelas” y considera que la nueva Constitución “debe reconocer la gestión social como forma legítima de organización escolar, garantizando apoyo estatal sin fines de lucro”.

En la mirada de Sadop Rosario, los derechos de las y los trabajadores de la educación representan un tema central para la nueva Constitución. Los vinculan a una mejor enseñanza y aprendizajes: “Sin condiciones dignas no hay educación de calidad”. De allí que ponen en valor la paritaria como el ámbito para discutir ingreso, carrera y formación docente, al igual que las jubilaciones y el presupuesto. 

Si bien desde 2006 el secundario es obligatorio para todas y todos los chicos del país, desde Sadop consideran que aún hay una deuda con este nivel educativo Dicen que el Estado debe garantizar que sea una realidad esta obligatoriedad para que no quede en el papel: “Hacen falta políticas que aseguren que nadie quede afuera del sistema educativo”. 

Un Ministerio ausente

“¿Cuánto tiempo le dedicó el Ministerio de Educación al tema en las aulas? Nada. Cero”. Escribió el dirigente de la docencia privada Martín Lucero en sus redes sociales. La pregunta recuerda la ausencia del Ministerio de Educación de Santa Fe en el debate sobre la reforma constitucional que, paradójicamente desde el propio gobierno, presentan como histórica. 

Una ausencia manifiesta al menos hacia el interior de las escuelas e instituciones del sistema educativo provincial. Por el contrario, para dar ese debate –que es ahora– el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, sí estuvo en un panel organizado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) el pasado martes 15 de julio. La reforma constitucional en Santa Fe: tensiones y desafíos para la educación se llamó la actividad en la que participaron –además de Goity– el director del Área de Educación de la UTDT, Mariano Narodowski; la profesora de la Escuela de Derecho de la UTDT, Paola Bergallo, y como moderadora la periodista y docente Luciana Vázquez.

“La Educación protagonista de la Reforma Constitucional. Junto a la Universidad Torcuato Di Tella organizamos un panel para dialogar sobre los desafíos de la Educación en la Reforma Constitucional que la provincia de Santa Fe está llevando adelante después de 63 años. Estamos frente a una oportunidad única para una transformación educativa virtuosa y consensuada como política de Estado. Compartí panel con destacados referentes…”, escribió el ministro Goity en las redes sociales luego de la actividad.

No es casual que Goity hable de educación y reforma constitucional desde un panel organizado por una universidad privada, a la distancia. En Santa Fe no existe la participación docente promovida desde el propio Estado provincial, en el debate pedagógico (lo que hay llega envasado desde fundaciones y ONGs y no admite discusiones) y menos en las políticas educativas que la provincia lleva adelante. Con este panorama, el posicionamiento de los gremios del magisterio ante la reforma constitucional se vuelve más que valioso, en particular si se trata de defender el derecho a la educación pública.

Publicado en el semanario El Eslabón del 19/07/25

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