¿Por qué se vuelve a repetir la historia de una devaluación y una crisis anticipada que genera una deuda impagable, por la que obligarán al país a ceder sus empresas y sus recursos naturales?
En 1974, con la existencia de más de 800 entidades financieras distribuidas en todo el país, que mayoritariamente eran cajas de créditos y sociedades cooperativas, el total de préstamos al sector privado sobre el PIB (Producto Interior Bruto), que es la cantidad de bienes y servicios finales que produce el país) fue del 43,55 por ciento y la Argentina era la nación más integrada del continente, donde menor diferencia había entre un pobre (y una familia pobre) y un rico (y su familia); la tasa de desocupación abierta era del 4 por ciento y la pobreza era del 6.
Tras la reforma financiera de 1977, fueron absorbidas y/o se fusionaron las entidades para convertirse en bancos comerciales, el resultado fue concentrar la decisión en pocos bancos (mayoritariamente extranjeros y/o con participación del capital extranjero), que a la par que reducen el crédito –que en marzo de 2025 representa solo el 11,06 por ciento del PIB– acrecientan el financiamiento del Estado.
En el año 2025, se consolidan 61 bancos, de los cuales 47 son bancos privados y 14 públicos, que tienen bonitas sucursales para captar las imposiciones por la que pagan, en julio de 2025, una tasa en torno al 29 por ciento anual, y prestan en pesos a la Administración Nacional, a las provincias y municipios a tasas mucho mayor, como es la tasa de 47,81 por ciento anual (3,31 mensual), en la licitación de la Secretaría de Finanzas de la Nación del miércoles 16 de julio 2025 por LECAP (Letras capitalizables), que vencen el 31 de julio 2025.
Igual hacen con los préstamos personales y a empresas no vinculadas, que en julio 2025 y según informa el BCRA, por adelantos en cuenta corriente cobran una tasa nominal anual promedio del 45,77 por ciento, para créditos personales del 73,01, y para financiar la tarjeta de crédito del 86,37.
La compra de títulos públicos por los bancos representa en marzo de 2025 el 41,2 por ciento del total de depósitos que captan las entidades (contra el 64,2 del crédito total). Tienen la autorización del Estado para prestarle al Estado a la tasa que quieren (y sin correr ningún riesgo, porque el Estado siempre paga). Y si bien es conducta de todas las entidades del sistema, hay casos flagrantes que se observan al ver el accionar de los 10 primeros bancos privados del país que, en marzo de 2025 (último dato publicado por el BCRA), poseen más del 40 por ciento de las tenencias de títulos públicos de todo el sistema financiero legal: Galicia y Bs.As., Santander-Río, Macro, BBVA, Credicoop, ICBC, HSBC (ahora Galicia Más), Patagonia, Supervielle, Citi Bank.
A su vez, en los informes mensuales que hace el fondo de gestión de activos BlackRock, reconoce participación accionaria en los bancos Galicia y Bs.As., Santander-Río, Macro, BBVA, HSBC (BlackRock es un accionista importante de HSBC, poseyendo una participación del 7,5 por ciento del HSBC Holdings a marzo de 2025), y Citi Bank. Y lo mismo pasa con los otros fondos de inversión como Vanguard Group, State Street, Franklin Templeton, Fidelity,Gramercy, Greylock, etcétera, que son a su vez, todos ellos, los principales tenedores de títulos de deuda externa de la Argentina, de allí su trato privilegiado.
Los encajes remunerados
El encaje o efectivo mínimo no es remunerado y es la parte de los depósitos que las entidades financieras captan que deben dejar inmovilizados en el Banco Central. De esa manera se tiene un reaseguro ante posibles retiros de las imposiciones y, a su vez, se regula la cantidad de dinero en circulación.
El problema, como por ejemplo en 1976, fue reconvertir un sistema centralizado de depósitos en otro de encajes fraccionarios, para ello el BCRA de esa época creó la Cuenta Regulación Monetaria que significó pagarle una remuneración (subsidio) a los bancos por los depósitos en cuenta corriente (que no devenga interés).
El 1° de junio de 1977, el ministro de Economía de la dictadura José Martínez de Hoz anunció la reforma financiera con el propósito de ir hacia la liberalización del mercado financiero. La nueva ley autorizaba «un mercado libre del dinero» en el que las tasas de interés se definían a través de la oferta y la demanda, y establecía la garantía de los depósitos a cargo del Banco Central. El subsidio del Estado no solamente obró en los encajes remunerados, sino que cuando los bancos quebraban, el BCRA le pagaba el 100 por ciento de sus depósitos a sus clientes. En marzo de 1980, quebraron los tres bancos de mayor captación de depósitos del sistema. La quiebra del Banco de Intercambio Regional, Odonne, y Los Andes, junto con el cierre de otras 37 entidades financieras en ese año, originaron una fuerte corrida bancaria y fuga de divisas.
Colapsó la bicicleta financiera y fue el fin del gobierno de Videla, pero el daño a la economía y a la sociedad argentina con la “valorización financiera del capital” perdura hasta hoy, sino no se entiende que se vuelva a aplicar el mismo sistema tantas veces, propiciado por el capital financiero que se beneficia en desmedro de la producción y el trabajo.
La forma de remunerar las inmovilizaciones de los bancos fue cambiando con el tiempo. Las LEBACs (Letras del Banco Central) fueron creadas en marzo de 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde y bajo la gestión de Mario Blejer en el Banco Central, para retirar pesos de circulación, absorbiendo el exceso de liquidez y para evitar, teóricamente, una mayor devaluación del peso y una espiral inflacionaria.
En 2018, presidencia del BCRA de Federico Sturzenegger, las LEBACs fueron reemplazadas por las LELIQ (Letras de Liquidez), para que sean solamente adquiridas por entidades financieras, asegurándole la renta al sector, y tomó dimensiones abismales en la gestión de Miguel Pesce durante el gobierno de Alberto Fernández.
No solamente la esterilización fue 268 por ciento mayor que la base monetaria (que es la cantidad de dinero creada y puesta en circulación por el BCRA), con el pago generoso a los bancos por no prestar y financiar a la Administración Nacional, sino que posibilitó en el gobierno de Milei, el canje de los pasivos remunerados del BCRA por deuda directa del Tesoro Nacional, expandiendo la deuda pública en 43.366 millones de dólares, según informa la Secretaría de Finanzas de la Nación.
La gestión de Alberto Fernández de remunerar generosamente a los bancos, terminó convirtiéndose en deuda pública que debe pagar todo el pueblo argentino. El Informe del BCRA presidido por Santiago Bausili para justificar dicha conversión y “sanear” al BCRA dice: “Considera que la emisión endógena generada por la fuerte carga de intereses de estos pasivos de la autoridad monetaria anterior, resulta una fuente inflacionaria relevante que afectaba adversamente la programación monetaria y el proceso antiinflacionario”, que en realidad significa: los bancos no pueden quebrar, que se pase esa deuda al pueblo argentino.
Pero si el BCRA de Alberto Fernández benefició de sobremanera a los grandes bancos privados, la actual gestión no se le va en zaga. Y en su idioma falaz afirma: “Tras cumplir su propósito de facilitar la eliminación de los pasivos remunerados, a partir del 10 de julio 2025, el BCRA dejará de ofrecer a las entidades financieras la posibilidad de suscribir LEFI (Letras Fiscales de Liquidez). En anticipación a su vencimiento (17 de julio 2025), el Ministerio de Economía y el BCRA canjearán el stock de LEFI en el activo del BCRA por un portafolio de LECAP con cotización en el mercado secundario”.
Se trata de 4,704 billones de pesos (es en pesos pero al tipo de cambio oficial serían unos 3.700 millones de dólares), por lo que debieron realizar el miércoles 16 de julio una licitación de emergencia, con el objetivo de absorber el “exceso” de liquidez que significó el fin de las LEFIs, reemplazado en un 50,36 por ciento de las colocaciones por LECAPS con vencimiento en los próximos 30 días, y de hecho la letra que vence el 31 de julio tuvo una TEM (tasa efectiva mensual) del 3,31 por ciento (mayor que el doble del IPC del INDEC de junio 2025).
Han cambiado partes de las LEFI por “pases” que son pasivos remunerados del Banco Central de un día de duración y tasas acordadas con los bancos, y por licitaciones de LECAP Y BONCAP, que obligan al Central a entrar en una dinámica de renovaciones y creciente endeudamiento de progresión geométrica, para beneficio exclusivo del capital financiero, en lo cuales Caputo, Bausili, Werning, Daza, y Quirno trabajaron toda su vida (y por lo que se ve siguen trabajando).
Solamente por la licitación del miércoles 16 de julio, día en que colocaron títulos públicos por 4,704 billones de pesos, la misma devenga un interés mensual de 141 mil millones de pesos que es la suma que demandaría mensualmente aumentar el bono de 70 mil pesos que cobran los jubilados que perciben la asignación mínima desde abril de 2024, a 110.000 pesos por mes actualizado por el índice de precio al consumidor (IPC) del INDEC.
También el equipo de economía salió a vender contratos de dólares futuro, y emplea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses que salió a liquidar bonos para contener la presión sobre los dólares financieros, tanto en el segmento MEP como en el contado con liquidación (CCL).
Con tasas de interés “acordada” con los bancos con renovación diaria y mensual cada vez mayor, es como si el miserable aumento que le niegan a los jubilados o a las provincias, se lo pagan en intereses a los bancos para que el dinero que reciben de sus depositantes no se pase a dólar. Y encima quieren privatizar el Banco de la Nación Argentina.
En síntesis: La situación creada demuestra palpablemente la función de los grandes bancos, su incapacidad para asignar eficientemente los flujos financieros. ¿Cómo pueden coexistir bolsones de pobreza con bolsones de liquidez? ¿Cómo puede la sociedad enfrentar restricción de crédito o tasas de interés prohibitivas en un marco de “esterilización” de liquidez? ¿Por qué no pueden usarse los fondos involucrados para revitalizar la economía real en un contexto de recesión? ¿Por qué se vuelve a repetir la historia de una devaluación y una crisis anticipada que genera una deuda impagable, por la que obligarán al país a ceder sus empresas y sus recursos naturales?
La respuesta radica en quienes están detrás de esos grandes bancos y quiénes son los funcionarios a cargo de la política económica y financiera del país.
(*) Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA).
Publicado en el semanario El Eslabón del 26/07/25
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