La masacre es muy rentable para las corporaciones tecnológicas, los bancos y las 1.600 fábricas de armas de la multinacional estadounidense Lockheed Martin. Las topadoras para demoler hogares las proveen Hyundai y Volvo. Y Los fondos buitre de Wall Street son dueños de la mayor parte de la industria armamentística de EEUU y Europa.
La corporación multinacional de origen estadounidense Lockheed Martin agrupa a 1.600 fabricantes de armas en todo el mundo. Provee en forma constante al ejército israelí de aviones cazas F-35. Con estas aeronaves, Israel y EEUU bombardearon Irán y siguen atacando Gaza y Cisjordania. Por su parte, la tecnológica estadounidense Palantir vendió al ejército israelí un software que permite la toma de decisiones automatizada en “situaciones de guerra”. Otras grandes tecnológicas como Microsoft, Alphabet y Amazon proveen a Israel de servicios de almacenamiento de datos y de inteligencia artificial, “mejorando el procesamiento de datos, la toma de decisiones y las capacidades de vigilancia y análisis”. Por otra parte, gigantes automovilísticos como Hyundai (Corea del Sur) y Volvo (Suecia) también aparecen señalados por la presunta venta de maquinaria pesada a Israel. Estos vehículos resultan indispensables en las demoliciones masivas de Gaza y Cisjordania. Desde octubre de 2023 hasta octubre de 2024, Israel construyó 57 nuevas colonias “con empresas israelíes e internacionales que suministraban maquinaria, materias primas y apoyo logístico”.
Pero nada de esto sería posible sin los bancos: Israel es capaz de sostener su economía del genocidio gracias a la emisión masiva de bonos del tesoro, que dan liquidez directa al Gobierno israelí para cubrir el déficit generado por la compra masiva de armamento. Algunos de los bancos más grandes del mundo, incluidos BNP Paribas y Barclays, intervinieron para aumentar la confianza del mercado suscribiendo estos bonos del tesoro.
“La importancia de la financiación para el complejo militar-industrial es vital. Las empresas de armamento necesitan los servicios bancarios, tanto para efectuar sus operaciones comerciales corrientes, como para conseguir fondos extraordinarios que les permitan emprender el desarrollo de nuevas armas, exportar a nuevos mercados y, en definitiva, mantener su pujanza competitiva en un sector eminentemente privado. Por tanto, el apoyo financiero es clave para que las empresas de armas y otros con prácticas rechazadas por la sociedad puedan conseguir sus objetivos económicos. Es decir, sin apoyo financiero estas empresas se verían obligadas a producir menos armas, a emprender menos proyectos contaminantes y otras prácticas que denunciamos en esta campaña”, informa la página de la organización catalana Banca Armada, que se ocupa de denunciar a los bancos que financian guerras.
Los fondos buitre se llevan la mayor tajada
Además, para cerrar un esquema que refleja el poder de las finanzas en esta etapa del capitalismo, las cinco grandes empresas de armamentos de EEUU (Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Boeing y General Dynamics) son propiedad de fondos de inversión estadounidenses, otro sector tan concentrado que encontramos los mismos fondos en las grandes empresas militares de EEUU y Europa: BlackRock, Vanguard, Fidelity, Street State y Capital Group. Lockheed Martin, uno de los mayores conglomerados militares del planeta, pertenece en casi un 70 por ciento a State Street, Vanguard y BlackRock.
Todas ellas se han revalorizado en bolsa un 416 por ciento en los últimos 10 años y se han beneficiado descaradamente de la guerra en Ucrania y el genocidio en Gaza. Lockheed Martin distribuyó 6.800 millones de dólares en efectivo a sus accionistas en 2024. Uno de los mayores conglomerados militares del planeta, pertenece en casi un 70 por ciento a State Street, Vanguard y BlackRock, según indica el informe titulado “BlackRock y los señores de la guerra: ¿quién se lucra con el gasto militar?”
“Sin que lo sepas, es posible que el dinero de tu pensión esté en sus manos. BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, maneja más dinero que el Producto Interno Bruto de todos los países del mundo, salvo Estados Unidos y China. El gigante, en representación de sus clientes, es uno de los principales accionistas de empresas como Apple, Walmart, o las farmacéuticas Pfizer, Merck, y Johnson & Johnson. Con más de 11 billones de dólares bajo su administración, las decisiones que toma BlackRock pueden mover montañas. No son literalmente propietarios de todo ese dinero, pero como pueden decidir dónde se invierte, se suele decir que controlan una parte importante del sistema financiero internacional, o que son los dueños del mundo, por su gigantesco poder e influencia”, aseguró el medio británico BBC, que define a BlackRock como “los dueños del mundo”.
Lucro a costa de la sangre del pueblo palestino
“De la economía de la ocupación a la economía del genocidio” se titula el informe que lleva la firma la Relatora Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, una experta independiente nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
La investigación demuestra, en forma irrefutable, “que las décadas de represión israelí contra el pueblo palestino se han sostenido en el lucro de corporaciones indiferentes a los crímenes internacionales”. “Lo que ocurre en Gaza es un genocidio sustentado en un sistema de ocupación explotadora y lucro, afirma el informe de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, denunciando los intereses empresariales que respaldan la destrucción de Palestina”, señala la página oficial del organismo en la nota titulada “Gaza: Muchas empresas se benefician con la destrucción de la vida palestina”.
En la presentación del documento al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Albanese explicó que “la especulación y el lucro corporativo han permitido y legitimado la presencia y las acciones ilegales de Israel” y agregó que, “durante décadas, la represión israelí contra el pueblo palestino ha sido orquestada por corporaciones plenamente conscientes, aunque indiferentes a las violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales”.
El gobierno de Trump anunció que impondrá sanciones a Albanese por su defensa de los derechos del pueblo palestino.
Más muertos, más ganancias
La experta documentó que, en los últimos 21 meses, la bolsa de Tel Aviv ha subido un 213 por ciento, acumulando 225.700 millones de dólares en ganancias bursátiles, de las cuales 67.800 millones corresponden sólo al último mes. Estos rendimientos se alcanzaron “mientras el genocidio israelí devastaba las vidas y los paisajes palestinos (…) Para algunos, el genocidio es rentable”, declaró Albanese, subrayando también los crecientes ataques israelíes en Cisjordania y señalando la importancia del concepto “economía del genocidio”.
La relatora especial sostuvo que la infraestructura corporativa que se beneficia de la economía de ocupación israelí se ha transformado “en una economía de genocidio”. El informe argumenta que Palestina se ha convertido en el epicentro de un ajuste de cuentas global, exponiendo el fracaso de los sistemas comerciales y legales internacionales para defender incluso los derechos más básicos de uno de los pueblos más desposeídos del mundo.
“Los actores corporativos están profundamente entrelazados con el sistema de ocupación, apartheid y genocidio en el territorio palestino ocupado”, afirmó Albanese, identificando a 48 empresas –entre ellas algunas fabricantes de armas, tecnológicas, financieras y de construcción y energía–, que han incumplido sus responsabilidades legales más básicas de ejercer su influencia para poner fin a la violación en cuestión o terminar las relaciones y desvincularse.
Las corporaciones, argumentó Albanese, han tratado las actividades ilegales de Israel en el territorio palestino ocupado como una actividad económica ordinaria, incluso mientras las atrocidades se intensificaban después del 7 de octubre de 2023. “Estos actores han consolidado y expandido la lógica colonial israelí de desplazamiento y reemplazo, y esto no es accidental”, dijo, y añadió que esa es la función de una economía construida para dominar, desposeer y expulsar a los palestinos de su tierra.
Entre otras especificaciones, el informe nombra a las empresas proveedoras de F-35, drones y tecnología que permitió “el lanzamiento de 85.000 toneladas de bombas –seis veces la cantidad de Hiroshima– sobre Gaza”, afirma el informe de la relatora.
La investigación destaca asimismo que las compañías tecnológicas utilizaron datos palestinos para la guerra de inteligencia artificial. Señala además a las firmas de energía que han alimentado el bloqueo israelí, y a las constructoras que siguieron suministrando el equipo que ha reducido a escombros Gaza.
Un régimen de apartheid
Albanese planteó que actores aparentemente neutrales como sitios turísticos, supermercados y universidades, “están normalizando el apartheid y la eliminación sistemática de la vida palestina”. En este sentido, aseveró que las empresas no pueden alegar neutralidad: “O forman parte de la maquinaria del desplazamiento, o de su desmantelamiento”.
La relatora especial instó a los Estados a imponer un embargo de armas total, suspender los acuerdos comerciales y de inversión, y exigir responsabilidades a las empresas por las violaciones del derecho internacional.
Según el informe, Palestina representa hoy un momento decisivo para determinar si los mercados globales pueden existir sin promover la injusticia y la impunidad ni lucrarse con ellas. “Palestina es un espejo que refleja los fracasos morales y políticos del mundo (…) Poner fin a este genocidio requiere no sólo indignación, sino también ruptura, reflexión y la valentía de desmantelar lo que lo posibilita”, aseveró la experta.
“Si Palestina fuese una escena del crimen, tendría las huellas dactilares de todos nosotros”, indicó Albanese en declaraciones al portal de noticias Sur y Sur.
La relatora de la ONU explicó que el local donde hacemos las compras, la estación de servicio donde cargamos nafta, el banco donde depositamos nuestros ahorros y otras tantas decisiones cotidianas, sin que seamos conscientes, financian indirectamente el apartheid israelí. “Si el genocidio no ha terminado, es porque es un negocio muy lucrativo”, asegura Albanese, que apela a los “ciudadanos corrientes” a practicar el “boicot” contra este fenómeno.
El informe interpela directamente a los Estados, a los que llama a imponer sanciones y cortar todas las relaciones comerciales y financieras con Israel. Exigiendo además que las empresas que se están enriqueciendo con la masacre del pueblo palestino “rindan cuentas” ante la justicia.
Según el informe de la relatora, las grandes empresas no sólo obtienen beneficios del genocidio, sino que lo han hecho posible. La economía no es un mero beneficiario colateral de esta violencia, sino que es el sistema circulatorio que hace que la violencia continúe. Fabricantes de armas que abastecen al Ejército israelí, empresas de maquinaria pesada usada para destruir los barrios en Cisjordania, los grupos agrícolas que comercializan productos de asentamientos ilegales o los bancos que financian la ofensiva contra Gaza: todos desempeñan un papel clave en el engranaje de la limpieza étnica.
El informe define al complejo militar‑industrial como la “columna vertebral económica” de Israel. Gracias a él, el Ejército dispone sin interrupción de munición, drones y otros equipos usados en Gaza y Cisjordania. Sirviendo de campo de pruebas para la industria armamentística: los fabricantes presumen que sus productos están “tested in combat” (probados en combate), un reclamo que incrementa su valor comercial, según informa la nota de Sur y Sur firmada por el politólogo y periodista especializado en relaciones internacionales, Néstor Prieto Amador.
“Estas empresas han seguido suministrando al mercado israelí a pesar de las abundantes pruebas del uso criminal de esta maquinaria por parte de Israel y los repetidos llamamientos de los grupos de derechos humanos para cortar los lazos”, denuncia Albanese en el informe: “Los proveedores pasivos se convierten en contribuyentes deliberados de un sistema de desplazamiento”, agrega el estudio.
Para Albanese, “las compañías que proporcionan armamento y apoyo técnico han reforzado la capacidad israelí para perpetuar el apartheid”. Empresas como la estadounidense Lockheed Martin, que agrupa a 1.600 fabricantes de todo el mundo, han suministrado de forma constante al Ejército israelí cazas F-35, vitales para el bombardeo de Gaza y ataques como el producido contra Irán el pasado mes de junio.
La tecnológica estadounidense Palantir vendió al ejército israelí un software que permite la toma de decisiones automatizada en “situaciones de guerra”. Otras grandes tecnológicas como Microsoft, Alphabet y Amazon proveen a Israel de servicios de almacenamiento de datos y de inteligencia artificial, “mejorando el procesamiento de datos, la toma de decisiones y las capacidades de vigilancia y análisis”.
Por otra parte, gigantes automovilísticos como Hyundai (Corea del Sur) y Volvo (Suecia) también aparecen señalados por la presunta venta de maquinaria pesada a Israel. Vehículos clave en las demoliciones masivas de Gaza y Cisjordania. Desde octubre de 2023 hasta octubre de 2024, Israel construyó 57 nuevas colonias “con empresas israelíes e internacionales que suministraban maquinaria, materias primas y apoyo logístico”, asegura el informe.
En cualquier caso, la relatora advierte que lo que expone “no es una lista, es un sistema”. Y como tal, requiere de una respuesta estructural por parte de Estados y organizaciones internacionales.
En el informe de la ONU aparece señalada la empresa vasca CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA) como parte del consorcio empresarial encargado de mantener y ampliar la Línea Roja del Metro Ligero de Jerusalén, así como de construir una nueva Línea Verde. Una obra que contempla la construcción de 28 nuevos kilómetros de vías que conectan Israel con asentamientos ilegales en Jerusalén Este, anexionados ilegalmente por Israel en 1980 y sin reconocimiento de la ONU. “Esta obra consolida el plan colonial israelí al conectar sus asentamientos ilegales. Garantizando el tráfico de mercancías y personas para los colonos y fragmentando físicamente el territorio palestino”, puntualiza la nota de Sur y Sur.
Las empresas deben ser juzgadas
Para Albanese, la responsabilidad del genocidio palestino va más allá de Israel. Según la relatora, el marco jurídico internacional ofrece ya una base sólida para establecer la responsabilidad penal y civil de las corporaciones que facilitan crímenes de lesa humanidad. En su opinión, lo que ocurre en Palestina “es una línea roja” para el sector privado.
El informe de Albanese advierte de que ya existen precedentes históricos. Tras la segunda guerra mundial, el Tribunal de Núremberg sentó un hito jurídico al enjuiciar a los directivos de IG Farben —la colosal química alemana— por haber suministrado gas Zyklon B y otros productos esenciales al aparato de exterminio nazi. Algo similar ocurrió en la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, donde se señaló la responsabilidad corporativa de varias empresas en la violación de Derechos Humanos de la población negra.
“La complicidad expuesta por el informe es sólo la punta del iceberg; no se podrá acabar con ella sin exigir responsabilidades al sector privado, incluidos sus ejecutivos” señala. “Un paso necesario para poner fin al genocidio y desmantelar el sistema mundial que lo ha permitido”.
La relatora especial termina su informe emitiendo varias recomendaciones a los Estados para “acabar con la impunidad” y “frenar el genocidio”. Entre las medidas sugeridas destaca un “embargo total” a la compra y venta de armamento y la imposición de “sanciones”.
Del mismo modo, pide la suspensión de todos los acuerdos comerciales con Israel. Actuando también contra las respectivas empresas nacionales que estén financiando o lucrándose con el genocidio. “En este momento existencial para el pueblo palestino; sindicatos, abogados, organizaciones de la sociedad civil y la propia ciudadanía deben fomentar un cambio de actitud por parte de las empresas y los gobiernos”, asegura Albanese. Quien pide que la presión se traduzca en “boicots, desinversiones, sanciones y rendición de cuentas”. “No es una cuestión de si hacerlo o no, es una cuestión de cuándo”, afirma.
Publicado en el semanario El Eslabón del 26/07/25
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