Cientos de historias de personas con discapacidad se hicieron visibles en la semana cuando volvieron a manifestarse en las calles en defensa de sus derechos. Fue un pedido concreto y urgente: que no prospere el veto del presidente Javier Milei y tenga plena vigencia la ley de emergencia en discapacidad aprobada por el Congreso de la Nación. Una iniciativa que también incide en forma directa en sostener y fortalecer la educación inclusiva.
En abril pasado, la Internacional de la Educación (IE), que reúne a las organizaciones sindicales docentes de todo el mundo, se pronunció en defensa de la educación inclusiva, ya que la considera sustancial para “el desarrollo de sociedades justas y equitativas”. Esa declaración se dio a propósito de la Cumbre Mundial sobre Discapacidad que se desarrollaba al mismo tiempo en Berlín (2 y 3 de abril de 2025) y tiene particular relevancia en tiempos en que se hace urgente no naturalizar las políticas de la crueldad.
Para la IE, la educación inclusiva no sólo representa atender a un derecho humano principal como el de acceder a la escolaridad y a los aprendizajes en igualdad de oportunidades, sino también “un pilar esencial para el desarrollo de comunidades y sociedades prósperas”.
La declaración remarca que la manera más clara de defender ese derecho “es a través de un modelo social de la discapacidad que se centre en cómo las barreras sociales, más que las discapacidades individuales, dificultan la plena participación”.
“Cuando todos avanzamos juntos, nadie se queda atrás”; “Que no te toque a vos no significa que no sea menos importante”; “Los derechos no se negocian”, “La salida es colectiva” y “Nadie se salva solo”. Se leía entre otros carteles en la movida que se armó en Rosario, el pasado martes 4 de agosto, para rechazar el ajuste en discapacidad.
Cada uno de esos mensajes subraya la mirada social sobre la discapacidad y cómo las organizaciones del magisterio entienden también la educación inclusiva.
En aquel congreso de abril, la Internacional de la Educación destacó la importancia de atender a este modelo y hacer valer las “políticas educativas inclusivas que aborden las diversas necesidades de todo el profesorado y todo el estudiantado, en particular de aquellos y aquellas con discapacidad”.
Reconocen –en esa declaración– el lugar que tienen los sindicatos docentes cuando se trata de asegurar “la eliminación de las barreras” y “la promoción de políticas inclusivas que sean relevantes y efectivas”. Y alertan que la garantía de una educación inclusiva está en peligro cuando docentes y personal de apoyo especializado “no están disponibles o no reciben una formación adecuada y de calidad”.
Milei, igual que Trump
El manifiesto de la organización mundial del magisterio denuncia los ataques permanentes del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos a los programas de apoyo a los estudiantes con discapacidad y “su cínico desmantelamiento de cualquier programa que promueva la diversidad, la equidad y la inclusión”. Lo que constituyen –advierten– “señales de alarma que trascienden las fronteras estadounidenses”.
El gobierno de La Libertad Avanza que encabeza el presidente Javier Milei actúa en sintonía con las decisiones que toma Trump.
La Internacional de la Educación expresa –en esa declaración de abril pasado– su rechazo a esas “políticas retrógradas” y su compromiso global con “los derechos humanos, la equidad y la inclusión”. Reclama por el derecho de las y los estudiantes a contar con el apoyo especializado y que la docencia acceda a una formación adecuada, además de contar con los recursos necesarios.
Prácticas discriminatorias
En mayo pasado, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnolo se despachaba ante el reclamo de la mamá de un niño con autismo, con este cachetazo: “Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no? ¿Por qué tengo que pagar estacionamiento y vos no?”.
Más tarde, el mismo funcionario de Milei definía como una “iniciativa regresiva que apela a un modelo asistencialista ya superado” al proyecto de ley de emergencia en discapacidad y aseguraba que tal iniciativa “desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”. Además de ponerse en la cola de quienes repiten que “no hay recursos” y que atender estas demandas pone “en peligro el equilibrio fiscal”.
Más declaraciones que entienden a la discapacidad como un problema individual del que cada quien debe hacerse cargo, antes que un derecho humano y social al que responder.
En julio del año pasado, la Internacional de la Educación se reunió en Buenos Aires en su 10° Congreso Mundial. En esa instancia, y en una de sus resoluciones, definió una serie de recomendaciones sobre discapacidad y educación inclusiva.
Además de adoptar el modelo social en discapacidad, entre otras recomendaciones están las de considerar que “la discapacidad no es un rasgo inherente a la persona, sino más bien el resultado de barreras sociales, ambientales y de actitud”. Establecen –en esa resolución– la necesidad de “centrarse en eliminar barreras”. Y una vez más recuerdan que “la discapacidad no se limita únicamente a la condición de la persona, sino que está ampliamente influenciada por barreras sociales”, como la falta de accesibilidad y las prácticas discriminatorias.
Al Congreso
La ley de emergencia en discapacidad es un proyecto presentado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores, de alcance nacional, y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. La norma busca garantizar “el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social”.
La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación el 4 de junio pasado y pocos días después hizo lo propio el Senado. El sábado 2 de agosto el presidente Milei firmó el decreto que veta esta ley, y el 4 se publicó en el Boletín Oficial. Ahora la decisión final está en el Congreso, que deberá reunir el consenso indispensable para rechazar el veto libertario.
La ley aprobada en materia de discapacidad –y luego impugnada por el Ejecutivo– propone –según sintetiza el sitio Chequeado– la regularización de pagos y actualización de aranceles (de los prestadores del sistema de salud); la reforma del sistema de pensiones no contributivas (se busca garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad, revisar las condiciones de acceso y de permanencia en el beneficio); el fortalecimiento institucional mejorando la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); la transparencia y rendición de cuentas respecto de la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia; las compensaciones económicas (para prestadores y asignaciones para talleres de producción); la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD); el fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día y el cumplimiento del cupo laboral (del 4 por ciento para personas con discapacidad en el sector público).
Publicado en el semanario El Eslabón del 09/08/25
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