En nombre del déficit fiscal y la reducción de los “gastos del Estado”, el gobierno de Noboa condena a los enfermos a morir pidiendo ayuda a las puertas de los hospitales. Los que se manifiestan contra estas políticas criminales, son considerados “terroristas”.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa; la ilegítima presidenta de Perú, Dina Boluarte; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el mandatario de la Argentina, Javier Milei, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, forman parte de la sección América Latina de la Internacional de ultraderecha, o Internacional Neo-fascista. Y más allá de las diferencias propias de cada país y cada proceso histórico-social, todos tienen rasgos en común: ajustes que condenan a las grandes mayorías al hambre y la falta de los servicios más vitales, represión de la protesta social (a la que se criminaliza como “terrorismo”), xenofobia, misoginia y, en política exterior, una sumisión total a los intereses de EEUU, lo que implica la entrega de los recursos naturales y la invitación a que instalen más bases militares en la región.
En el caso de Ecuador, una vez más los pueblos originarios salieron a la calle a frenar el ajuste y la discriminación del gobierno de Noboa, cuyas medidas “para recortar el gasto” pretenden condenarlos al hambre.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) mantiene desde hace más de diez días marchas y bloqueos en varias provincias del país, en rechazo a la eliminación del subsidio a los combustibles. Medida que disparó el precio del diésel, insumo fundamental para la economía de las comunidades originarias.
La respuesta del gobierno fue la de siempre: represión (con un muerto y cientos de heridos), detenciones masivas (sin las debidas garantías constitucionales) y, además, se declaró, una vez más, el “estado de excepción” en ocho provincias.
El ajuste se anunció a mediados de septiembre. El precio del diésel aumentó de 0,48 dólares por litro a 0,74 dólares. El Ejecutivo justifica la eliminación del subsidio con la remanida cantinela del déficit fiscal, y como parte de una estrategia “para redirigir los recursos públicos” y combatir el contrabando de combustibles, que según estimaciones oficiales representaba un gasto estatal de más de 1.100 millones de dólares anuales. Resulta sorprendente que el aumento de precio de un insumo se utilice como estrategia para disminuir su contrabando. Pero en la narrativa de ultraderecha, ese tipo de argumentaciones resultan previsibles.
Noboa reiteró que no negociarán ni retrocederán en la decisión de eliminar el subsidio al diésel. Así lo informó la portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, en su habitual conferencia de prensa semanal. “El Gobierno del presidente Noboa es claro: no vamos a negociar y no vamos a retroceder. Retroceder significaría dejar de entregar beneficios directamente a quienes más lo necesitan”, insistió.
Según informó el diario Página 12, el Ejecutivo condenó “los hechos violentos” y calificó algunos de ellos como actos de “terrorismo” (acaso el más nefasto pseudo-argumento de la ultraderecha para criminalizar la protesta y así justificar crímenes de Estado).
Esta mentira fue fuertemente rechazada por las autoridades de la Conaie. El presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Alberto Ainaguano, consideró que la protesta forma parte de un reclamo legítimo de los pueblos originarios. “No somos terroristas, somos pueblos originarios de aquí, nosotros somos milenarios. Nos siguen a todos los lados; mientras la seguridad nos sigue a nosotros, la inseguridad crece exponencialmente en el país”, aclaró Ainaguano.
La lucha continúa pese a la violencia estatal
El 18 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) convocó a paro nacional “inmediato e indefinido” para exigir la derogatoria del Decreto 126, que eliminaba el subsidio al diésel, señala el informe publicado por el sitio de noticias de la ecuatoriana Radio Pichincha, que lleva la firma de Marco Criollo.
Desde el lunes 22 de septiembre, gremios, organizaciones y comunidades indígenas empezaron a movilizarse en distintos sectores del país. Durante la primera semana, Imbabura se convirtió en el foco principal de las protestas. Hasta el pasado 29 de septiembre de 2025 se registraron al menos seis bloqueos activos en esa provincia. Las movilizaciones también se extendieron a Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo y Tungurahua. El Gobierno mantiene la sede del Ejecutivo en Latacunga y ha declarado estado de excepción en ocho provincias. Además, aplicó toque de queda nocturno en cinco provincias como parte de las medidas de control en Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Carchi.
“El paro nacional dejó la muerte de un manifestante indígena: Efraín Fuerez, de 46 años, en Cotacachi (Imbabura). Según la autopsia practicada, Fuerez falleció por el impacto de un proyectil de arma de fuego que se fragmentó en cuatro partes. El disparo ingresó por la espalda y salió por el pecho, lo que provocó lesiones en el pulmón y fractura de cérvix”, puntualiza el informe, que agrega que la Fiscalía abrió de oficio una investigación previa, a cargo de su Unidad Especializada en el Uso Ilegítimo de la Fuerza.
Asimismo, agrega el informe, el quinto boletín de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador registró, hasta el 28 de septiembre de 2025: 109 reportes de vulneraciones a derechos humanos; 48 personas heridas; 100 detenciones; 63 detenidos y 6 desaparecidos.
Entre el lunes 22 y el viernes 26 de septiembre, el Ministerio del Interior indicó que más de 90 personas fueron detenidas. De esa cantidad, 12 detenidos en Otavalo enfrentan procesos por presuntos actos de terrorismo. Uno de ellos fue trasladado a una cárcel de Esmeraldas y los otros 11 a Portoviejo.
El informe agrega que el Gobierno sostiene que las protestas no fueron pacíficas. “Se mencionó a dos extranjeros vinculados al Tren de Aragua y un posible financiamiento ilícito, sin que hasta el momento se presenten pruebas públicas. En redes sociales se difundieron videos que desmienten la versión oficialista”, indica la nota de Radio Pichincha.
‼️#URGENTE
Tras la publicación del ministro del Interior, John Reimberg y del presidente Daniel Noboa, quienes difundieron fotografías de personas a las que acusaban de ser extranjeras y de tener vínculos con el Tren de Aragua, una ciudadana desmintió en un video dichas… https://t.co/SPOi0Ybmm2 pic.twitter.com/MliWqQcPKw— Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) September 24, 2025
La narrativa sobre la banda criminal “El tren de Aragua” le viene rindiendo muy buenos frutos a EEUU y los gobiernos a su servicio. La organización criminal existe, lo que resulta más difícil de verificar es que posea el don sobrenatural (propio de un contexto teológico) de la ubicuidad, esto es la posibilidad de estar en todas partes al mismo tiempo. En este sentido, a la derecha le alcanza con hacerla aparecer cuándo y dónde más les convenga.
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, aseguró que el paro nacional continuará y que, por ahora, el diálogo con el Gobierno no es una opción.
Durante una rueda de prensa, Vargas también solicitó una investigación internacional sobre la muerte de Efraín Fuerez, y pidió el cese inmediato de la violencia contra pueblos indígenas y ciudadanía.
La Conaie presentó 10 demandas al gobierno de Daniel Noboa: derogación del decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel; solución a la crisis de salud y educación pública que enfrenta el país; respeto al derecho a la protesta y a la organización social; cese de la expansión minera y extractivista; garantías plenas para la vida y seguridad de los pueblos indígenas y de todos los ecuatorianos; reducción del IVA del 15 por ciento al 12 por ciento, considerando que no se ha cumplido el objetivo de frenar la inseguridad; rechazo a la consulta popular y a la Asamblea Constituyente, que según la Conaie no resolverían los problemas del país; liberación inmediata de los 12 detenidos en Otavalo y de todos los arrestados en el marco del paro nacional; respeto a los derechos colectivos, en particular al derecho a la consulta previa; movilización conjunta de pueblos y sectores sociales para mantener la protesta.
Recortes en Salud
“Hace días que intento describir algo del infierno que se vive en Ecuador con una sola escena. Una que pueda ser capaz de transmitir a los lectores la realidad que este país sudamericano vive cotidianamente en medio de una guerra interna, una crisis social y un proyecto político que parece devorar, poco a poco, la esperanza de todo un pueblo”, asegura Rommel Aquieta en la nota titulada «El “Nuevo Ecuador”: deuda, violencia y silencio oficial», publicada en el sitio argentino Nodal. Aquieta es un comunicador social, periodista e investigador independiente en temas de memoria política.
“El miércoles 17 de septiembre de 2025, en Ambato, ciudad capital de la provincia de Tungurahua, en la sierra central del país, desde muy temprano en la mañana un grupo de personas se reúne en las afueras del Hospital General Docente. Cierran una avenida principal, gritan consignas; algunos lloran, otros resisten mientras acompañan. Están allí para demandar atención médica. Personas enfermas, aun con la poca fuerza física que les resta y, luego de tres semanas de protesta, buscan obtener una atención adecuada e insumos mínimos y necesarios para continuar con su tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal”, describe Aquieta.
La nota del comunicador ecuatoriano indica que, según datos de la Asociación de Centros de Diálisis de Ecuador, la deuda del Estado con las dializadoras supera los 250 millones de dólares, cifra a mayo de 2025. “El Ministerio de Salud Pública del mismo país señaló que solo en junio de este año se pagaron un total de 56,8 millones de esa deuda. Lo que no se aclaró muy bien es que esos pagos se realizaron con bonos de deuda interna desde el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, con un tipo de financiamiento a través de inversores o instituciones dentro del mismo Ecuador. En otras palabras, por medio de más deuda pública y sin llegar a concluir el pago total hasta el día de hoy”, señala Aquieta, dejando claro que la nefasta ecuación más ajuste, menos salud, menos trabajo, y más deuda pública, es otro rasgo común de los gobiernos de derecha y ultraderecha de la región.
Aquieta ofrece una escena que ocurrió y ocurre no sólo en Ecuador: “En medio de la protesta, los carteles y las consignas que se escuchan desde los megáfonos, la falta de atención y el silencio de las autoridades también apagan vidas. Uno de los pacientes renales se desploma en vivo. Hay un medio de comunicación transmitiéndolo todo. Sus compañeros intentan sostenerlo, gritan, piden ayuda. Nadie escucha, pero todos lo miran en directo. «Por favor llévenle… Queremos los insumos. Por favor, necesitamos, estamos muriendo. Por favor, señor presidente, ayúdenos»”.
“Desde el interior del hospital la primera respuesta fue un grito: «No pueden grabar». La emergencia pareció importarle poco al personal y a las autoridades de turno. El paciente murió aquel mismo día. El compañero de protesta apagó su voz en vivo y en directo, mostrándole a todo el país y al mundo que en Ecuador la vida desaparece sin que a nadie le importe”, agrega.
“Cruda y real, la escena devela tan sólo una parte de todo lo que se vive en el país”, asegura Aquieta. Según datos del Ministerio del Interior, sólo entre enero y julio de este año se contabilizaron 5.268 muertes violentas en territorio nacional; esta cifra representa un incremento de más del 40 por ciento respecto al mismo período de 2024. Hasta el mes de agosto se calcula que más de 6 mil personas se registraron como víctimas mortales en lo que sería el año más violento en la historia del país. Y todo este horror, pese a la “mano dura” otra gastada mentira de la derecha.
Publicado en el semanario El Eslabón del 04/10/25
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