El gobierno vuelve al ataque con su propuesta de reforma laboral que dice es para “reducir el trabajo informal” pero propone hacer de la precariedad y la debilidad del empleo una norma de la que nadie escape.
Envalentonados por el triunfo electoral libertario en las legislativas, los círculos del poder económico reviven su sueño húmedo de arrasar con los derechos de los trabajadores que aún quedan en pie y debilitar a las organizaciones sindicales a su mínima expresión. Esto es lo que está detrás de la nueva reforma laboral que comenzó a agitar el gobierno de Javier Milei. Y aunque se presente como una “modernización” de las reglas laborales, no es más que uberizar lo que aún no se uberizó, e imponer las mismas condiciones de flexibilización a todos porque casi la mitad de la clase obrera ya sufre de hecho esta precarización desde hace años.
El borrador del proyecto incluye reducir indemnizaciones, fraccionar vacaciones y aumentar las horas de trabajo, entre otros puntos como limitar el derecho a huelga que ya estaban incluidos en el DNU 70/23, que quedó suspendido por una medida judicial. Aunque se presenta como “un necesario avance” con una serie de eufemismos o títulos ambiguos, esconde una naturaleza antiobrera y antiderechos.
La perorata de que es necesaria una reforma laboral para “agilizar” el mercado es un latiguillo que viene desde hace décadas como una gota china sobre la cabeza de los argentinos. Los antecedentes no son para nada prometedores y sus consecuencias nefastas, como ya se vieron en los años 90 cuando comenzaron a imponerse flexibilizaciones que no condujeron a ningún aumento de contrataciones y por el contrario dejaron en la informalidad a millones de trabajadores.
En la actualidad, el 42 por ciento del total de los trabajadores está fuera del empleo formal, es decir que afectaría a unas 9 millones de personas, según consigna el sitio de recopilación de datos Argendata.
La nueva avanzada sobregirada por la victoria electoral remite al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, anunciado en diciembre de 2023. El Gobierno había recurrido al sector privado para asesorarse y definir los alcances y la letra chica de una reforma laboral que entre otros puntos redujera cálculos indemnizatorios, limitara el derecho a huelga y diera facilidades para despedir y contratar personal.
Entre los cerebros detrás de estas propuestas estaban abogados históricos del grupo Techint y el ministro Federico Sturzenegger, e incluso el secretario de Trabajo Julio Cordero, aunque en ese entonces estaba contratado en Finma SA, una financiera ligada a Techint, según publicó La Nación. “Especialistas fueron convocados por Miguel Ángel Punte, ex número dos de Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo de la gestión de Cambiemos y exgerente de Recursos Humanos de Ternium, del Grupo Techint”, amplió el diario de los Mitre.
Pero todo este esfuerzo quedó en stand by. De entrada, se produjo un tajante rechazo que provocó la primera y temprana huelga general al mileísmo en enero del 2024 y una presentación judicial que derivó en que la Cámara del Trabajo suspendiera el DNU por inconstitucional, cuestión aún pendiente de una resolución de la Corte Suprema.
Pero ahora luego de la elección de medio término, el gobierno vuelve a la carga con la idea y tomó como base un proyecto presentado por la diputada Romina Diez que incluye varios puntos del DNU 70/23. Es más, los funcionarios del gobierno informaron que se vienen realizando reuniones desde hace tiempo sobre los alcances del proyecto en una mesa con representantes de los gobernadores, legisladores e incluso referentes de la CGT.
El propio ministro de Desregulación y Transformación del Estado Sturzenegger lo admitió en una entrevista este jueves pasado en donde intentó bajar el nivel de confrontación pública que surgió al conocerse algunos detalles del proyecto. El funcionario se atajó y dijo que la reforma no está “contra ningún derecho” y sostuvo que sólo “está orientada a mejorar la situación del trabajo y formalizar el empleo” .
“Hay que tener un poco la cabeza fría. En un momento, nosotros vamos a presentar la propuesta, el Congreso la va a tener que discutir. La venimos trabajando en el Consejo de Mayo en una mesa bastante amplia hace muchos meses”, dijo el ministro que negó la extensión de la jornada laboral y otras versiones “que andan circulando”.
Sin embargo, los puntos que trascendieron son los que estaban en el proyecto de Romina Diez que contemplaba una ampliación de la jornada laboral que podría extenderse hasta un máximo de doce horas diarias y también en el mismo texto de base estaba el fraccionamiento del período de vacaciones, las indemnizaciones en cuotas y la vuelta del pago con “ticket canasta”, entre otros ítems.
Como frutilla del postre mencionaba además la flexibilización de convenios, la implementación de sistemas de banco de horas y otros esquemas laborales, los cuales se podrían negociar mediante los convenios colectivos de cada sector.
Al cierre de esta nota, la CGT reunía a su “mesa chica” para analizar la postura de esta reforma laboral que impulsa el Gobierno, en el marco también de la renovación de autoridades que la central concretará el 5 de noviembre. El encuentro estaba estipulado de concretarse en la sede de la Uocra, el gremio que conduce Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la central e integrante del Consejo de Mayo en representación del sindicalismo.
El cosecretario general de la CGT Héctor Daer había adelantado que la central obrera rechazará la reforma laboral si es para “retroceder” en los derechos adquiridos. “Si la reforma laboral es progresiva es una cosa. Nosotros tenemos un concepto de progresión de derechos, pero si es para retroceder no va a haber ninguna negociación de ningún tipo”, sentenció Daer en declaraciones radiales.
El dirigente criticó los proyectos que circulan desde 2024, incluido el de la diputada Diez “que fue firmado por el ex diputado Espert, que habla de reformas varias de la ley de contrato de trabajo”, recordó Daer. Además, definió como “un delirio” una de las propuestas de implementar salarios dinámicos que permitan pagar por debajo del mínimo de convenio según la región y otros puntos polémicos como lo es la ampliación de la jornada laboral y la creación de un “banco de horas” como mecanismo para no pagar horas extras..
Por su parte, el secretario general de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), Hugo Cachorro Godoy, declaró que la central está en estado de alerta y movilización ante los anuncios de reformas.
“No queremos ninguna reforma laboral regresiva; el gobierno anunció más precarización, más horas de trabajo y un salario flexible que perjudica a todos los trabajadores formales”, afirmó Godoy. El dirigente explicó que las medidas propuestas por el gobierno de Milei son contrarias a los intereses de los trabajadores y podrían afectar a quienes aún no tienen empleo formal.
“No hay nada nuevo” en lo que proponen desde la Casa Rosada, expresó Godoy, que añadió que el Gobierno va a intentar profundizar la precarización laboral en base a «una hoja de ruta que indicó el FMI” con reformas que son “todas de carácter regresivo y con beneficios para pocos”.
Publicado en el semanario El Eslabón del 01/11/25
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