Un fallo que llega luego de las elecciones legislativas y deja en evidencia el rol del poder judicial como garante de la impunidad. Un paraguas legal sobre la responsabilidad civil en la última dictadura.
El día amaneció nublado. Un manto gris se dibujaba como cielorraso entre las palmeras del bulevar Oroño. Los gazebos estuvieron presentes en el cantero central para dar cobijo a la militancia que decidió acompañar bajo la lluvia a los familiares y víctimas del terrorismo de Estado en la lectura de la sentencia en la causa conocida como el Villazo. En la galería de ingreso del edificio se instaló un televisor para que los asistentes pudieran seguir de cerca la decisión del tribunal y allí se encontraba otro grupo numeroso de militantes.
En la sala del juzgado estaban los familiares, querellantes y las víctimas directas. La lectura de la sentencia duró apenas 20 minutos. Sin pena ni gloria absolvieron a todos los imputados. Sólo uno de los jueces, Sutter Schneider, planteó en minoría la condena de Pellegrini y Alvarez, además de reconocer sólo como delitos de lesa humanidad a las víctimas que pertenecían a la estructura sindical, y dejar afuera al resto de las víctimas. En la sala se escuchó a una familiar que rompió en llantos, cuestionando: “¿Y entonces acá no pasó nada?, ¿todo esto no sucedió?”. Los abogados de las diferentes querellas quedaron atónitos. Se miraban entre sí sin lograr comprender lo que había sucedido en el recinto. Un momento de silencio, de zozobra, de incomprensión. Quienes se encontraban en la sala estaban convencidos de que las pruebas recolectadas, la presentación de cada testimonio, su encadenamiento, no dejaban dudas acerca de la culpabilidad de los imputados.
Cuando uno expone su vida en un juzgado, las situaciones traumáticas que le tocó vivir, desnuda lo más íntimo que tiene, aquellos pensamientos que nunca salieron, esas interpretaciones que dieron vueltas por la cabeza por casi 50 años. Es casi exprimir el inconsciente para sacar aquello que no podíamos ver frente al espejo y que, ante la posibilidad de que quienes nos infligieron esos dolores, esas ausencias, esos duelos, paguen por esos crímenes, sacamos todo a la luz en un espacio de exposición y con la esperanza de que se haga justicia. Cuando esto no sucede, queda una parte nuestra, muy íntima, expuesta, en carne viva, y sólo continuar la lucha por otros medios puede ayudar a cicatrizar.
Afuera se hizo un acto. En las escalinatas del viejo edificio de los Tribunales Federales, las y los diferentes oradores ratificaron las convicciones acerca del plan sistemático que significó la intervención a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa constitución, la responsabilidad de las empresas, de las patronales en los procesos represivos que se dieron a partir del año 1975, es decir, antes del golpe de Estado. Esta cuestión no es menor porque permite inferir que lo que sucedió en la ciudad del sur de Santa Fe, sirvió de experimento de disciplinamiento de un movimiento obrero activo, organizado, dinámico y combativo. José Alfredo Martinez de Hoz era en ese momento el presidente del directorio de Acindar. Luego de la represión, fue condecorado por el poder real y consagrado como Superministro de Economía de la dictadura empresarial, militar y eclesiástica que gobernó nuestro país, estableciendo las bases del neoliberalismo financiero, en base al terror. Lamentablemente, seguimos viviendo las consecuencias de ese modelo hasta nuestros días.
Esta cuestión no es menor si comenzamos a desentrañar el ovillo que tiene su extremo en esta causa pero que a su vez involucra a los dueños de grandes empresas a lo largo de nuestra patria. El enjuiciamiento de responsables civiles, que a su vez eran empleados de estas empresas que brindaron recursos económicos y logísticos a las Fuerzas Armadas para la represión del movimiento obrero, deja en evidencia que los dueños de dichas empresas no podían no saber lo que ocurría en sus fábricas. Es más, el grado de coordinación que se produjo entre las altas esferas de las FFAA y los empresarios quedó evidenciada en la repetición de determinadas prácticas en diferentes lugares de trabajo. Un plan sistemático, articulado, con militares en puestos estratégicos dentro de las fábricas, como Recursos Humanos, para tener acceso a todos los datos de los trabajadores, son algunos indicios de que hubo una planificación y una ejecución estratégica.
La condena de Héctor Sibilla y Pedro Müller en la Ford de General Pacheco, constituyen un antecedente que no brinda tranquilidad entre los responsables reales. Paolo Roca, Carlos Blaquier, Vicente Massot, Franco Macri (el padre del ex presidente), Arturo Acevedo, Amalia Fortabat, Marcos Levin, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, la familia Pérez Companc, son sólo algunos de los nombres relacionados a las empresas que no sólo colaboraron sino que además pergeñaron la estrategia de destrucción sistemática del movimiento obrero argentino con todo lo que ello implicaba. El antecedente de dichas condenas habilitaba a seguir investigando el grado de responsabilidad de las máximas autoridades de dichas empresas: sus dueños. Está de más aclarar que dichos sectores son el poder económico más concentrado de nuestro país. Además de ser dueños de entidades financieras, de medios de comunicación y de tener estrechos vínculos con el Poder Judicial, son quienes están en condiciones de desestabilizar la economía. Frenar los juicios a civiles antes que escalen a otros niveles de la jerarquía era un imperativo.
La sentencia leída ayer en los Tribunales Federales de Rosario es tan sólo el título, el resumen de dicha sentencia. Faltan los considerandos, la explicación de la evaluación de las pruebas, que serán entregadas a las partes en febrero del año que viene. Seguramente allí se encontrarán los motivos o las excusas por las cuales dos de los jueces decidieron sobreseer a todos los imputados y uno no. A partir de allí, los equipos de abogados de las diferentes querellas definirán una nueva estrategia para la apelación en los tribunales de casación.
La postergación de la lectura del fallo hasta después de las elecciones legislativas denota un interés de parte del tribunal para saber, en primer lugar, cómo se distribuía el mapa de poderes en nuestro país, para luego establecer la sentencia. El resultado de los comicios dejó bien parado al gobierno, y les dio espalda a los sectores negacionistas y defensores de la última dictadura cívico militar. Estos discursos de odio hacia los organismos de derechos humanos, que ponen en duda la cantidad de desaparecidos y que desde el gobierno desmantelaron todos los espacios que defienden diferentes sectores de la población, fueron además amplificados en los medios masivos de comunicación y en los digitales, provocando un clima de época propicio para que una sentencia de estas características no pague ningún costo político.
La desazón de los familiares que esperaban justicia, de la militancia que necesitaba saber que seguimos avanzando en materia de derechos humanos, de los equipos de abogados, duró lo que tardaron en reponerse del shock inicial. La lucha por la Memoria, Verdad y Justicia siempre tuvo estos reveses. Se trata, en última instancia, de una lucha contra el poder real, contra quienes manejan no solamente la economía y las finanzas sino también todo el aparato simbólico de los medios en todas sus variantes. Pensaron que el genocidio cometido durante la última dictadura iba a ser el certificado de defunción del movimiento obrero, pero al año de recuperada la democracia se volvió a recuperar el sindicato. Los milicos ejecutores de este plan siniestro tampoco imaginaron a Videla muriéndose en el inodoro de su celda. La historia da vueltas, a veces nos toca perder y cada pérdida la pagamos con vidas, con cárceles, con exilios. Pero también hemos podido reescribir la historia, la llenamos de momentos, de hitos, de acontecimientos en los que ponemos en duda el sentido de la vida miserable que nos proponen. De tanto golpear, fisuramos el sistema de impunidad, y luego a esas fisuras las llenamos de sentidos, de historia, de recuerdos.
Cuando los resultados no son los que esperamos la frustración hace mella en la voluntad, pero cuando esa voluntad es colectiva, la demanda de justicia, el reconocimiento de una verdad histórica, siempre aparece. Alguien va tomando la posta, sosteniendo las banderas, levantando las fotos de nuestros caídos, de nuestros afectos. Ellos van a seguir con cara de nada, esquivando la mirada de quienes mandaron a matar, con los ojos oscuros, vacíos de esa humanidad que no tuvieron ni van a tener, de esa vida sin otro sentido que servir a los poderosos, sin dignidad, sin ética, sin pasión. Nosotros nos vamos a encargar de que la historia los recuerde como lo que son: los responsables de los crímenes más atroces que se cometieron en nuestro suelo.
Publicado en el semanario El Eslabón del 08/11/25
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