La concentración mediática en Rosario es tan enorme como contraria al acceso a la información y la libertad de expresión. Lejos de cuestionarlos, los gobiernos son cada vez más cómplices de los monopolios.
Asombro y desconcierto. Eso prevalecía como reacción, a fines del siglo pasado y comienzos del actual, cuando trabajadoras y trabajadores de prensa que reclamaban frente a la sede de La Capital informaban a transeúntes que el decano de la prensa argentina ya no pertenecía a la familia Lagos.
“¿El que se operó el culo?”, era otra respuesta reiterada, cuando sumaban el dato de los nuevos dueños, entre los que se contaba el hasta poco antes ministro menemista José Luis Manzano, entonces “famoso” por –además de otras varias cositas– haber recurrido a la cirugía estética.
Aquellos no eran tiempos de “culos de mandril”; y rotos sentían ovarios y huevos aquellos manifestantes informadores de tanto ver incumplidos sus derechos laborales básicos y a la vez de tanto verse impedidos de cumplir cabalmente su labor cotidiana, vital para el acceso de la ciudadanía al derecho a la comunicación, es decir a expresarse e informarse libremente.
Por eso, la concentración mediática era otra de las aristas en la que enfatizaban.
Todos los medios, todos
A fines de 1999, el grupo Uno capitaneado por Manzano y Daniel Vila creó el denominado “Multimedios La Capital”, a través del que pasó a controlar, junto con el que fuera de los Lagos, el otro diario, El Ciudadano; y dos de las tres radios de amplitud modulada de la ciudad, LT8 y LT3. Así, el mapa mediático rosarino pasó a estar signado por un nivel de monopolización de los más altos del país, pero que suena a nada ante lo que se aprecia dos décadas y media después. Con la reciente adquisición de Canal 5, el grupo empresario liderado por Gustavo Scaglione ostenta un poder comunicacional enorme: ahora maneja La Capital, la 8 y radio 2 y los dos canales de televisión por aire junto con varias radios de frecuencia modulada, más sus respectivas herramientas propias de las nuevas tecnologías. Y esto es enormemente contrario a la posibilidad de la ciudadanía de acceder a información real y expresarse libremente.
La incidencia de las nuevas tecnologías, que irrumpió y crece en paralelo, es una novedad de peso en la construcción de la agenda que moldea la “opinión pública”, pero la primera y principal fuente de información, de difusión de las noticias, sigue siendo lo que publican los medios analógicos, “tradicionales”, donde lo que manda es el interés de los propietarios y el apego a la verdad y la rigurosidad periodística son premisas cada vez más soslayadas.
Al mismo tiempo, el debilitamiento de las capacidades del Estado de generar condiciones favorables para el acceso a derechos es otro de los factores que juegan fuerte. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se aprobó en 2009 al cabo de un proceso de movilización y concientización de varios años, dejó de regir en sus aspectos medulares al derogarse los artículos que ponían límites a la monopolización.
Bobo y cómplice
Si esos preceptos siguieran vigentes, el reinado de Scaglione en Rosario no existiría.
Encima, más allá del debilitamiento de la capacidad de intervención del Estado, lo que se puede apreciar desde los gobiernos es una alianza con los monopolios de la comunicación que oscurece más el panorama. Lo del municipio de Rosario y la provincia de Santa Fe vuelve a ser un ejemplo de los más ilustrativos en ese sentido. Tanto desde la intendencia de Pablo Javkin como desde la gobernación de Maximiliano Pullaro las advertencias y reclamos al respecto son desoídos, mientras la consolidación de grupos como el de Scaglione es celebrada y reforzada a través, por ejemplo, de la distribución de fondos y recursos publicitarios oficiales. Al asignarle la mayoría de esos fondos al conglomerado de medios en manos de Scaglione, los gobiernos municipal y provincial atentan contra el desarrollo del resto de los actores, que favorecerían la pluralidad de voces.
El fenómeno no es nuevo y se sostiene pese a antecedentes que dan cuenta de la poca persistencia temporal de esas alianzas y de los beneficios y perjuicios posteriores para unos y otros. Es evidente que los voceros de los grandes medios pasan de los elogios a las diatribas con prisa y sin ruborizarse cuando analizan y evalúan gestiones. Y el costo que pagan por eso es menos determinante para el devenir de las empresas a las que representan que para quienes ocupan cargos públicos. Sin embargo, el grueso de los funcionarios y dirigentes no dejan de besar esos anillos, que son cada vez menos y más nocivos para la convivencia política y la representatividad del sistema democrático.
Denuncia ante la CIDH
El pasado jueves 20 de noviembre se desarrolló una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su tema fue la Libertad de Expresión en Argentina, a pedido de distintas organizaciones y organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y el Foro de Periodismo Argentino, (Fopea).
“Es la primera vez que, en democracia y desde la conducción del gobierno, se diseña, dirige y alienta una campaña de ataque contra los periodistas y trabajadores de prensa”, declaró el secretario adjunto del SiPreBa, Francisco Rabini. Denunció los “insultos y descalificaciones (que) no sólo buscan atemorizar, disciplinar y silenciar a quienes hacen su trabajo en medios de comunicación: habilitan ataques y agresiones físicas concretas. Como le sucedió a dos fotógrafos de Tiempo Argentino y Clarín perseguidos con un cuchillo durante la cobertura de un acto de Milei o al periodista y dueño del medio El Destape, Roberto Navarro, atacado a golpes por un desconocido”. Otro caso emblemático es el de Pablo Grillo, el periodista gráfico que quedó al borde de la muerte –y aún sigue bajo distintos tratamientos– luego de que una granada de gas fuera directo a su cara. La familia de Grillo también escribió a la CIDH pidiendo que el caso fuera considerado como parte de la audiencia, señalando que su caso no es un hecho aislado sino un eslabón más en la cadena de agresiones sistemáticas del gobierno a la prensa.
Rabini hizo hincapié también en “el desguace de los medios públicos, particularmente del servicio periodístico de la agencia nacional de noticias Télam” lo que también constituye “un atentado contra la libertad de expresión y contra el sistema federal de medios argentino”. Y señaló que la precarización generalizada afecta no sólo a los distintos medios del Estado sino al conjunto de los y las periodistas que ven sus sueldos machacados y sus lugares de trabajo reducidos día a día.
Otra expositora fue Julia Mengolini, también periodista, quien recordó cuando “en junio de este año, fui víctima de una campaña de difamación y violencia digital sin precedentes. Se usó inteligencia artificial para crear imágenes y videos falsos de contenido sexual sobre mí, acompañados de amenazas de violación y de muerte, incluso contra mi hija”, y señaló la responsabilidad del ejecutivo argentino en el caso: “El propio presidente amplificó esas agresiones, publicó casi 100 mensajes en mi contra en cuatro días, se burló públicamente y justificó la violencia diciendo que «me merecía el vuelto»”. El caso lo enmarca como una estrategia de disciplinamiento y castigo hacia un periodismo que está dispuesto a criticar, y no como una “violencia espontánea”. Señaló también la persecución penal recibida por cubrir el conflicto laboral en el hospital de niños Garrahan, así como la violencia específica que sufren las mujeres periodistas: “insultos sexualizados, amenazas a nuestras familias y campañas de desprestigio que buscan sacarnos del espacio público. El mensaje implícito es recordarnos que, pese a nuestro rol en la esfera pública, nuestro lugar sigue siendo el de objeto de deseo y de burla”, denunció Mengolini frente a la CIDH.
Publicado en el semanario El Eslabón del 22/11/25
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