“No creo en la obligatoriedad de la educación. La libertad es también si no querés mandar a tu hijo a la escuela para que te ayude en el taller”. La declaración la lanzó el diputado nacional por La Libertad Avanza Alberto Bertie Benegas Lynch los primeros días de abril 2024, a los pocos meses de la asunción de Javier Milei a la presidencia de la Nación. No se conformó con eso y para que no queden dudas abundó: “Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad”.
Y siguió con su cuestionamiento: “La educación es el eje de la civilización ¿Cómo se te ocurre darle a un comité de burócratas la decisión de la educación? ¿Al Estado? ¿Al Ministerio de Educación?”
Los dichos del legislador libertario ganaron los titulares de los portales, al tiempo que sumaban estupor y manifestaciones de rechazo. Pero lo real es que no eran nada novedosos. Un año antes, cuando era candidato a presidente, Milei se había expresado en igual sentido. Decía que la obligatoriedad era un “problema de control sobre los seres humanos” y de “imponer un patrón moral”: “¿Vos querés obligar a un ser humano a que haga algo? No les está yendo muy bien con la obligatoriedad porque la gente va quedando en el camino. El sistema de la obligación no funciona”.
“El sistema como está no funciona. Hay que cambiar el sistema. En el fondo, ¿qué es el Estado? El Estado es un seguro. La gente quiere el seguro (el Estado), quiere esos bienes, porque los está pagando a través de los impuestos. Entonces, ¿cómo hago para asegurarme que sea lo más parecido a la provisión que me daría el mercado? Lo que tenés que hacer es repartir vouchers”, dijo en aquel momento.
Y para que quede más clara su posición respecto de la obligatoriedad, defendió el sistema de vouchers porque permite “no ser rehén del sistema de adoctrinamiento del Estado”. “Eso de andar poniendo pistolas en la cabeza a la gente para obligarla, a mí no me gusta”, se había despachado.
Nunca esas declaraciones que retrotraen la discusión al siglo XIX, antes de la sanción de la ley de educación común N° 1420 (1884), fueron exabruptos de un candidato o “distorsiones” de la prensa. Es lo que Milei y sus referentes de La Libertad Avanza (y aliados oportunos) siempre pensaron y avisaron que iban a hacer.
Ese dato resulta clave para entender que el proyecto de ley de libertad educativa que impulsa el gobierno de La Libertad Avanza hoy sea una realidad. Después de las y los votantes que apoyaron al partido libertario, un aval decisivo para que exista lo dieron todos los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo (en julio de 2024). Entre ellos, el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
En esa línea, esta semana que pasó se conocieron una serie de documentos –con fecha 9 de diciembre– surgidos del Consejo de Mayo, un organismo conformado a instancias de aquel Pacto y que elaboró una serie de “recomendaciones y propuestas legislativas”. Preside este Consejo Manuel Adorni (jefe de Gabinete de ministros de la Nación) y lo integran Alfredo Cornejo (gobernador de Mendoza), Carolina Losada (senadora nacional UCR), Gerardo Martínez (Uocra-CGT), Martín Rappallini (UIA), Cristian Ritondo (diputado nacional PRO), Federico Sturzenegger (Ministro de Desregulación y Transformación del Estado) y Cecilia Domínguez (secretaria ejecutiva del Consejo).
Entre esos documentos está el texto de la ley de libertad educativa, del que desde hace un tiempo circula su borrador.
El proyecto de la oferta y la demanda
En el informe final del Consejo de Mayo se detallan los principales puntos de la reforma educativa libertaria, que básicamente y traducidos a lo que van a significar en el día a día, determinan el corrimiento del Estado como garante del derecho a la educación, para que cada familia tome esa responsabilidad como quiera y pueda. Para eso, entre otras medidas, se impulsa la escuela en casa, más conocida como homeschooling, los vouchers y la carrera evaluativa para que gane el mejor y no para aprender más, y un financiamiento educativo basado en el mérito y que legaliza la intervención del mercado en la enseñanza.
Las propuestas detalladas en ese informe lo dicen de otro modo. Son diez puntos que hablan de la “libertad educativa y centralidad de la familia”, esto es considerarla “primer agente natural y primario”. También de un “cambio histórico” expresado en un “sistema plural y de autonomía institucional”, en el que cada escuela puede definir desde su proyecto institucional hasta el calendario escolar.
Se declara a la “educación básica un servicio esencial” (restricción del derecho a huelga); se impulsan “nuevas formas de escolarización”, que pueden ser formatos “presenciales, híbridos, comunitarios, domiciliarios y a distancia, entre otros”, además de “contenidos mínimos y mayor libertad curricular” y el “fortalecimiento de la evaluación educativa”. El proyecto habla de un “federalismo concertado” y establece un “nuevo marco para la docencia” para “modernizar la carrera docente con criterios de mérito”.
La iniciativa libertaria impulsa la redefinición de la “vinculación entre educación y trabajo mediante un nuevo régimen de prácticas formativas”. Y define “nuevas modalidades de financiamiento y transparencia” que, según se señala, es “una combinación de aportes financieros a la oferta y a la demanda”.
Desarmar la escuela
Hace un par de semanas comenzó a circular el borrador del proyecto de ley de libertad educativa. Las voces de rechazo llegaron desde distintos sectores, como la academia y los sindicatos docentes.
Una de las primeras organizaciones en repudiar este proyecto es la Ctera que, entre otros argumentos, denuncia que la “reforma que promueve La Libertad Avanza significa un cambio radical sobre el sentido de la educación, basado en el principio del derecho social y humano, para reemplazarlo por un servicio que se rige por los valores del mercado en el marco de un proyecto político de país dependiente y colonial”.
Entre las expresiones de especialistas en educación está la del colectivo de pedagogas “Conversaciones necesarias”, que lanzaron una declaración pública a la que convocan a adherir. Lo Integran: Alejandra Birgin, Graciela Morgade, Anahí Guelman, Guadalupe Molina, Teresa Artieda, Sandra Carli, Nora Gluz, Marina Paulozzo, Myriam Feldfeber, Marcela Pacheco, Roxana Perazza, Patricia Redondo, Myriam Souhtwell, Patricia Sadosky, Analía Segal, Marcela Sosa y Sofía Thisted.
“¿Reemplazar la ley de educación nacional para desarmar la escuela?” se llama la declaración y en ella detallan los “riesgos de un modelo sin horizonte colectivo”. Lo primero que apuntan sobre este proyecto de ley es que se trata de “un cambio sin debate público”, además del “fin del sistema educativo nacional y federal”. Recuerdan que en la Argentina “la educación es un derecho social y un bien público, cuya responsabilidad principal es del Estado” y que “la escuela se consolidó históricamente como el lugar donde se accede al saber y a una formación integral, aprendemos a convivir, a ampliar el mundo familiar y a participar de la vida democrática”. De allí que preocupa que lo que se quiere instalar “desarticula y desmantela esa estructura: plantea una multiplicidad de agentes educativos compitiendo entre sí, situando a la educación en una lógica de sálvese quien pueda”.
Remarcan que, contrario a lo que se propone en la iniciativa libertaria, “la experiencia internacional muestra que la competencia y el financiamiento por demanda sólo profundizan la fragmentación, agravan desigualdades y debilitan la cohesión social”.
La declaración, que ya reunió miles de adhesiones, se pregunta si se trata de una “«Sociedad educadora» o desresponsabilización del Estado”, ya que la ley que se impulsa desplaza las responsabilidades públicas del Estado hacia las familias y el mercado; y “se habilita la educación híbrida o completamente domiciliaria, incluso desde empresas extranjeras, como si cualquiera pudiera enseñar”.
Otro aspecto que denuncian es que “se reducen los contenidos mínimos comunes (lo que se enseña y los chicos tienen que aprender) y se abre un 30 por ciento de autonomía sin regulaciones claras. La autoridad educativa pierde capacidad de intervención incluso ante incumplimientos de derechos, como los de la ESI”.
Advierten que la propuesta impulsada “promueve la desregulación, la competencia entre instituciones, la precarización del trabajo docente y el traslado de responsabilidades educativas al mercado y a las familias”. Es decir, se borra “la escuela como espacio público insustituible”.
Las educadoras señalan que “en lugar de fortalecer el derecho a la educación, la propuesta avanza hacia la desescolarización, la privatización y la fragmentación”. Y remarcan que “la escuela sigue siendo la única institución universal que garantiza un espacio compartido, protege la igualdad y construye el lazo social indispensable para la vida democrática”.
Publicado en el semanario El Eslabón del 13/12/25
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