El 2025 fue otro año nefasto para el gremio de prensa. El proyecto de reforma laboral incluye el cese del Estatuto del periodista que no sólo da derechos a los trabajadores sino que garantiza la libertad de expresión. En Rosario se declaró el estado de alerta y movilización. Hubo una ruidosa protesta frente a La Capital.
Un gobierno nacional basado en la falacia desde el primer minuto fue avanzando contra las voces críticas, recrudeció la persecución y las difamaciones contra periodistas opositores con sus ejércitos de trolls libertarios y promete ir por todo en 2026 con la Reforma Laboral. Este proyecto de ley incluye la eliminación del Estatuto del periodista, una norma histórica que desde 1946 regula la actividad de los que trabajan con la información y defiende a rajatabla la libertad de expresión contra los designios y abusos de los empresarios inescrupulosos.
A pesar de que muchas veces ha sido negada e invisibilizada sigue siendo un resguardo legal para todas y todos los trabajadores de prensa. Su posible anulación ha despertado del letargo no sólo a periodistas y comunicadores sino a todos los sectores sociales y políticos que ven la intención del gobierno de acallar toda voz cuestionadora, mientras sostiene una realidad distorsionada basada en el ocultamiento y la mentira sistemática.
A nivel local, las cosas no son muy diferentes: el Sindicato de Prensa Rosario se declaró esta semana en estado de alerta y movilización y emprendió además un plan de lucha contra el gran monopolio mediático que conduce el empresario Gustavo Scaglione, dueño de casi todo. Le reclaman “miserabilidad” por su deuda millonaria con la Obra Social de Prensa y los salarios más bajos de la historia. El martes pasado realizaron una ruidosa movilización frente a la puerta del diario La Capital y exigieron el pago de un bono que compense la pérdida del poder adquisitivo.
Deformando un noble oficio
La primera obscenidad con que el gobierno de Milei quedó al desnudo la produjo el escándalo de la memecoin Libra y el reportaje exclusivo que le dio el Presidente, poco después del fraude, al periodista Jonatan Viale, grabado, del que se filtró un fragmento sin editar en el cual se observaba que el asesor “Caputito”, Santiago Caputo, interrumpía la nota, corregía al mandatario y obligaba al periodista a replantear la pregunta para no desfavorecer a Milei.
La vergüenza ajena sobre el rol pusilánime de Viale se mantuvo vigente durante unas semanas pero, como todo lo sólido que se desvanece en el aire, aún hoy, con esa misma cara, Viale sigue haciendo “periodismo”.
Desde el gobierno instaron a odiar a los periodistas ensobrados pero que justamente parecen estar más del lado oficialista que del opositor. En algunos programas de la señal La Nación +, TN y canales de streaming directamente se muestran como militantes libertarios. Los roles de voceros oficialistas más que de periodistas de algunos de ellos, que incluso comparten noches de opera con Milei, muestran hasta dónde penetra la decadencia y el manoseo de un oficio fundamental para informar y formar a una sociedad.
Mientras tanto, del lado del gobierno aumenta la descalificación a toda voz disidente o simplemente analítica como “zurdos de mierda” o “kukas”, y caen en la volteada hasta los que se consideraban Corea del Centro o por fuera de la grieta. Para Milei son todos “mandriles”.
Odiar y perseguir
En este año Milei presentó nuevas denuncias penales contra al menos cinco periodistas por los delitos de injurias, calumnias y “falsa imputación”. En julio, Milei denunció a Julia Mengolini por supuesta difamación al analizar el vínculo entre el primer mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Apenas un día después, presentó nuevas demandas contra los conductores y periodistas Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos, también vinculadas a opiniones y comentarios periodísticos y enmarcadas en el delito de calumnias, injurias y falsa imputación.
Dos meses antes, Milei había denunciado a los periodistas Carlos Pagni, Ari Lijalad y Viviana Canosa, aunque esas causas fueron rechazadas por la Justicia.
Los fallos argumentaron que la libertad de expresión protege las opiniones e informaciones sobre funcionarios y figuras públicas, especialmente cuando se abordan temas de interés colectivo. Desde la reforma del Código Penal en 2009, los delitos de calumnias e injurias pueden considerarse no punibles cuando se vinculan con asuntos de relevancia pública.
El panorama regional tiene cerrojo
El impacto persecutorio a las y los periodistas a nivel nacional tiene en Rosario y toda la provincia de Santa Fe un efecto similar, aunque sin insultos públicos, pero desde las empresas, en gran parte pertenecientes al mismo propietario monopólico, en una concentración de medios jamás vista –y de la que El Eslabón viene dando cuenta– se ejerce una presión constante sobre cada trabajador de prensa para que no pueda cuestionar las gestiones de gobierno tanto provincial como municipal.
En julio de 2025, el SPR pidió sendas entrevistas con el gobernador Maximiliano Pullaro y con el intendente Pablo Javkin, ante el “clima enrarecido en las redacciones” de los medios locales, en las cuales la libertad de expresión “está acorralada”.
Mediante un comunicado, el SPR hizo público el malestar entre las y los trabajadores de prensa ante lo que consideraron “uno de los momentos más preocupantes vinculados a la esencia del trabajo periodístico como lo es la libre expresión”.
“En Rosario, las y los periodistas vienen sufriendo distintas presiones y de diversa intensidad sobre lo que se publica, cómo y cuándo”, expresaron
“Venimos alertando sobre el clima enrarecido que se soporta en las redacciones de nuestros medios de comunicación. Hay un marco nacional de agresiones verbales, estigmatización de periodistas, ensañamiento con mujeres periodistas y hasta violencia física. Un clima de esta época que se ha instaurado desde el gobierno nacional y que con distintos matices se expande desde Buenos Aires al resto del país”, expresaba el documento del gremio de prensa local.
Consiguieron una entrevista con Javkin que fue muy acalorada y nada componedora y no obtuvieron ninguna respuesta del gobernador Pullaro.
Más monopolio
Así las cosas, en octubre sobrevino una noticia empresarial de gran impacto: el empresario rosarino Gustavo Scaglione se convirtió en el nuevo dueño de Telefe, asociado en la operación con José Luis Manzano. La compra fue estructurada por Integra Capital, el fondo que lidera el propio Manzano, publicaba el diario La Nación.
Y agregaba: “Scaglione, que está al frente de un holding que controla más de 30 medios de comunicación a nivel nacional –incluyendo diarios, señales de televisión, radios y servicios de streaming–, se impuso en la puja que lanzó a principios de año la multinacional Paramount para encontrarle comprador al canal líder de la televisión argentina”.
“La oferta ganadora fue de 95 millones de dólares, una cifra que se impuso sobre las propuestas de otros interesados locales como el Grupo Werthein, Alpha Media, Martín Kweller y Corporación América, de Eduardo Eurnekian”, publicó El Economista.
Con la caja navideña no alcanza: protesta y marcha de Prensa contra el Multimedios La Capital
Leé la nota en https://t.co/kNZ1UCLz0s pic.twitter.com/B4nrFT2YHz— Sindicato de Prensa Rosario (@spr_prensa) December 30, 2025
Con este panorama de superconcentración mediática los salarios y condiciones de trabajo cada vez son peores. A esto se le suma una deuda millonaria de La Capital con la Obra Social que repercute de lleno en la salud del gremio.
Ante la falta de respuestas, el SPR decidió esta semana iniciar un plan de lucha cuyo primer acto fue una protesta –el martes pasado– frente al histórico edificio de la calle Sarmiento entre Córdoba y Santa Fe, en donde las y los trabajadores expresaron su bronca y exigieron además el pago de un bono por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en los últimos meses.
Plan de lucha y movilización
Un día antes se había realizado un asamblea general en el SPR en la que se convocaron trabajadoras y trabajadores de prensa desde distintos medios de comunicación ante el proyecto de reforma laboral y la posible caída del estatuto del periodista. La asamblea resolvió declarar al gremio de Prensa en estado de alerta y movilización.
Definió además “continuar y profundizar acciones conjuntas con los gremios de prensa de todo el país; reunirse con legisladores nacionales representantes de Santa Fe para explicar la postura de las y los periodistas frente al proyecto que aniquila derechos laborales; difundir a toda la sociedad cómo la derogación del estatuto del periodista es un ataque directo a la libertad de expresión y el derecho a la información y participar en unidad de las actividades que propongan la CGT local y la CTA, como así también adherir al paro y movilización propuesto por la CGT Nacional para febrero cuando se discuta el proyecto del oficialismo”.
En un detallado informe, las abogadas del gremio Rita Frenquelli y Florencia Sanjulián destacaron que el proyecto llamado de “modernización laboral” supone un retroceso en materia de derechos; la derogación de los estatutos del Periodista Profesional y del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas (Ley 12.908 y 12.921), vigentes desde hace 80 años, no sólo afecta directamente a los trabajadores de prensa, sino que compromete la libertad de expresión y el derecho a la información de toda la sociedad, explicaron desde el SPR.
La Asamblea resaltó que con organización y unidad es posible detener esta destrucción planificada de los derechos de la clase trabajadora, de sus organizaciones sindicales, del funcionamiento de las obras sociales, de la sostenibilidad de medios cooperativos y comunitarios y del derecho a la información.
Publicado en el semanario El Eslabón del 3/1/26
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