El miércoles 17, con una movilización tocándole la puerta, Diputados rechazó la definición de Milei y ratificó la ley de financiamiento universitario. Un repaso por una lucha que tuvo ecos y algunos avances respecto del 2024.
En 2024, “la defensa de la universidad pública” movilizó a millones de personas a lo largo y ancho del país. La primer marcha federal universitaria, que llegó a concentrar a alrededor de un millón de personas en Buenos Aires –con reverberancias en todos los puntos del país–, movilizó una fuerza social que obligó a retirarse a los efectivos policiales dispuestos por el plan anti piquete de la todavía hoy ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había asegurado que lo iba a aplicar. Al día siguiente, cuando el Congreso intentó sesionar para debatir el presupuesto universitario, no se alcanzó el número de legisladores para obtener el quórum.
Muchos de ellos, presentes el día anterior en la marcha universitaria, decidieron jugar a la prórroga haciendo uso y abuso de los mecanismos institucionales que, aún envueltos en su defensa, no hay que dejar de reconocerles sus límites y su capacidad de diluir el conflicto social en pos de los sectores dominantes de siempre. Toda la fuerza social que se expresó aquel 23 de abril de 2024 demostró no sólo un consenso bastante extendido sobre algunos tópicos –la valoración de la universidad pública y gratuita, por decirlo rápido–, sino que había capacidad de poner en cuestión la definición del gobierno nacional de desfinanciar la educación superior. No es para nada desdeñable la conducción que tuvo el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) al comienzo de ese proceso. La pregunta real es: ¿qué se consiguió?
Luego de muchas prórrogas, con los tiempos tramposos de la institucionalidad –al hambriento de hoy le traen el pan dos, tres meses después, cuando el daño orgánico ya está hecho y es irreparable, si es que no está muerto del todo–, en septiembre finalmente se aprobó una ley de financiamiento universitario. Las fechas y los hechos traen ecos terroríficos. Aquella ley pretendía recomponer los salarios docentes –que están en su peor momento desde la vuelta a la democracia– al estado de 2023, que si bien no era una panacea, era un piso ampliamente superior–, así como garantizar los gastos de funcionamiento de las universidades.
Recordemos que los edificios que no se mantienen se caen, que existen cosas llamadas baños a quienes van las personas designadas “estudiantes”, “docentes” y “no docentes” mientras cumplen sus diferentes funciones porque deben preservar su organismo, y que también en muchas universidades existen dispositivos tecnológicos denominados “ascensores” que garantizan la movilidad de quienes, por diversas razones, no están en condiciones de subir una escalera. La ley tuvo una aprobación contundente: 143 votos a favor contra 77 en la Cámara de Diputados y 57 contra 10 en el Senado.
El gasto que implicaban esas dos humildísimas cuestiones era del 0,14 del PBI, lo mismo que se ahorraron los sectores más ricos del país cuando dejaron de pagar impuestos por bienes personales gracias a la política del gobierno nacional. Pero se ve que tal fragilidad tiene el equilibrio fiscal argentino, que Milei tuvo que vetar la ley de financiamiento universitario la noche del 2 de octubre, día en que hubo una segunda marcha federal universitaria.
Diputados ratificó el veto el 9 de octubre, con algunos votos que habían sido a favor de la ley. Quizás en un arranque de optimismo desmedido, unas enérgicas ganas de “decir que sí” –o unas coimas que terminaron de romper el frágil compromiso con el pueblo y la nación por la que juraron–, varios de esos votos también fueron a favor del veto de la ley que habían impulsado semanas atrás.
La respuesta inmediata fue la toma de casi todas las universidades del país. Con más o menos protagonismo estudiantil, con más o menos capacidad de autoorganización y proyecciones hacia algo más allá de la reacción, aquel momento quedó como un precedente de organización y como una marca en el ámbito de lo simbólico. Tal como aquel 23 de abril que casi un millón de personas coparon kilómetros alrededor del Congreso y la Casa Rosada, la lucha no logró torcer el rumbo de la situación.
Se pueden ensayar distintas respuestas al porqué: se puede decir que la conducción decidió frenar un proceso que, por su gigantismo podía autonomizarse e ir incluso más allá de su propio proyecto; que el grado de aceptación del gobierno de Milei era demasiado grande; o se puede alegar incluso una confianza en los mecanismos institucionales y su respeto en detrimento de la calle.
Lo que no se puede dejar de hacer es plantearse una serie de preguntas que cuestionen incluso la propia práctica. Si no, las probabilidades de que este proceso que incluye a la marcha del miércoles 17 de septiembre de 2025 termine en virtualmente lo mismo que el año pasado, aun con un gobierno mucho más desgastado, estarán ciertamente al acecho.
Volvamos a la pregunta: ¿qué se consiguió en 2024? Finalmente, un aumento del 270 por ciento en gastos de funcionamiento. Ese número, que suena rimbombante, no repercute sobre los salarios docentes ni no docentes, que representan alrededor del 80 por ciento del presupuesto, y que además aseguran la supervivencia y la permanencia de las personas que efectivamente hacen a la educación el proceso que es: un proceso de interacción social, fundamentalmente.
La evolución de los salarios docentes, si uno pone los ojos en los gráficos, marcan una fuerte depresión desde el 2015 al 2025, con dos picos de caída centrales: 2018, con la devaluación de Caputo durante el gobierno de Mauricio Macri, y 2023, con la devaluación de Caputo durante el gobierno de Javier Milei. El acumulado de pérdida es de casi el 50 por ciento de los salarios; y desde 2023 hasta ahora, alrededor de un 25 por ciento de ese total.
Leyes, movilización y desgastes
Este año el panorama fue distinto. Aunque al principio el desarrollo parecía seguir las mismas líneas del año pasado –marcha, aprobación, veto–, la ratificación del veto por parte de la cámara de Diputados no sucedió. El desgaste del gobierno se ve en su incapacidad para generar los acuerdos y las panquequeadas políticas que había logrado en 2024. En diputados, esta vez acompañados de una marcha federal educativa que tocó las puertas del Congreso mientras estaban sesionando la ley, se rechazó el veto con 174 votos a favor contra 62 en contra.
El mismo día también se rechazó el veto a la ley de emergencia pediátrica impulsada por el Garrahan, con una mayoría aún mayor. Estas derrotas, así como las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires, empiezan a delinear una debilidad real del gobierno de Milei, de la cual habrá que tomar nota.
La ley de financiamiento universitario aprobada implica actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria según la inflación acumulada de 2023 y 2024, e implementar actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
En cuanto a los salarios, establece una recomposición para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada. Luego, se debería actualizar de manera mensual por IPC. Como la ley que no pasó el año pasado: no soluciona todos los problemas, pero establece un piso muy superior a la lava caliente que se pisa hoy día.
Sin embargo, el camino no está allanado. A la victoria legislativa le falta una última pata para terminar de cerrar, y la conversión de la victoria legislativa en una victoria política –es decir, su incidencia en el ámbito de lo real en tanto práctica, y no sólo en el Congreso como tinta y papel– es una tarea aún por realizar.
En lo legislativo, el veto todavía tiene que pasar por senadores, aunque hay una expectativa generalizada de que esa cámara no lo ratifique. En cuanto a la mentada “aplicación”, cada vez que un militante de Coad tomó la palabra en las asambleas de Humanidades y Artes como en la asamblea interfacultades del viernes 12, insistió con lo mismo: hay que luchar por la ley, pero no hay que quedarse en eso. Si la ley pasa, y sortea las distintas instancias del veto, aún hay que reglamentarla, destinarle presupuesto y aplicarla.
Ante un gobierno con grados tan altos de crueldad, y con gran conocimiento de los vericuetos legales a través de los cuales desgastar al movimiento popular, la observancia de los sectores que luchan no sólo por la universidad pública y gratuita, se torna indispensable. Y volver sobre las experiencias del pasado, como quien tiene un déjà vu, es tarea también necesaria para no masticar las mismas piedras y avanzar en la construcción de una alternativa que pueda llevar el pan al hambriento, sin tanta vuelta, y con el fin de erradicar la existencia del hambre.
Publicado en el semanario El Eslabón del 20/09/25
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estateseafowl
29/10/2025 en 1:21
El gasto que implicaban esas dos humildísimas cuestiones era del 0,14 del PBI, lo mismo que se ahorraron los sectores más ricos del país gorilla tag