La primera norma clave de educación que impulsó Néstor Kirchner apenas asumió la presidencia fue la que se conoce como “ley de los 180 días de clases” (25.864/03). Su razón es la de obligar al Estado nacional a garantizar que haya clases –no prohibir huelgas de maestras y maestros– asistiendo con fondos a aquellas provincias que tuvieran dificultades económicas para pagar los salarios docentes. Asegurar las jornadas escolares es el primer paso para que el derecho a la educación se cumpla.
Y para que esos días en la escuela fueran de aprendizajes, no sólo para tachar fechas en un calendario, se aprobaron también las leyes de educación técnico profesional (26.058/05), la de financiamiento educativo (26.075/05), la de educación sexual integral (ESI, 26.150/06) y la ley de educación nacional (26.206/06) que vino a ponerle fin a la ley federal de los noventa. Esas políticas educativas se sostuvieron con inversión, porque estar en la escuela debía ser una real oportunidad para aprender y ejercer el derecho a la mejor educación. Con esa meta.
En la otra punta de esta mirada está la que busca que el calendario escolar se cumpla como un logro en sí mismo. “Por primera vez en 14 años vamos a terminar con 185 días de clases”, celebraba la vicegobernadora de la provincia Gisela Scaglia el viernes 3 de octubre pasado y a más de 40 días de que –según el calendario oficial, el 12 de diciembre– finalice el año lectivo.
Lo que no dice la candidata de Unidos es que para llegar a ese número la Provincia aplica el presentismo. En salarios depreciados no puede llamarse Premio a la Asistencia Perfecta ni siquiera un incentivo lo que en realidad es una extorsión a ir a trabajar en malas condiciones de salud o limitar el derecho a huelga, a la protesta. Para la Provincia –aunque funcionarias y funcionarios declaren otra cosa– lo que ocurra en las aulas es otra historia. Chicos en la escuela (como sea), familias felices: ese es el mayor objetivo de las políticas de Pullaro.
Los números para la educación contemplados en el proyecto de presupuesto 2026 a nivel nacional prometen profundizar este modelo de “logros educativos” de las provincias que solo aseguran, a corto y mediano plazo, más desigualdad, más aprietes, menos plata, más exclusión.
El 7 de octubre pasado, la Ctera difundió un análisis sobre este proyecto de ley de presupuesto para el 2026 que da cuenta del aumento de “la política de ajuste educativo que implementa el gobierno de Javier Milei desde su asunción como presidente en diciembre de 2023”.
Lo primero que señala el estudio del Instituto Marina Vilte (Ctera) sobre el proyecto de presupuesto 2026 –Más ajuste para la educación, se titula– es que “vulneran las garantías para el financiamiento de la educación”. La afirmación se traduce en que se decide retirar al Estado como garantía del financiamiento educativo nacional y que deje de tener vigencia que la inversión en escuelas, clases y salarios docentes sea del 6 por ciento del PBI.
Otra muestra de que lo que se viene, de dar curso a los números de Milei y asociados, es que pretende avanzar sobre la ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (27.614), al proponer derogar los artículos que garantizan “el incremento progresivo y sostenido de los recursos destinados a fortalecer” este sistema.
Mayor alerta provoca conocer que el presupuesto proyectado impulsa la eliminación del Fondo Nacional para la Educación Técnico profesional; en otras palabras, la plata destinada a las escuelas técnicas. “En el proyecto presentado para el año 2025 también se había propuesto la suspensión de estos artículos por un año, y ahora se pide la derogación directamente”, apunta la Ctera.
A su vez, el proyecto de ley plantea destinar para la función educación y cultura el 0,75 por ciento del PBI para 2026. “Muy por debajo de los valores históricos (1,41 por ciento en 2023; 1,66 en 2015). Esto significa destinar 60 por ciento más de recursos para el pago de los intereses de la deuda que para educación y cultura”, señala el informe de la organización docente.
“En cada uno de los rubros del presupuesto educativo hay una merma de entre el 50 y el 100 por ciento. Hay directamente ítems del presupuesto educativo que tienen cero (peso destinado)”, aseguró la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, al cierre de la jornada de protesta realizada el miércoles 8 pasado en Rosario. A ese llamado de atención sumaba como ejemplos concretos del desguace de la educación pública el programa Conectar Igualdad (por el que llegaban netbook a las y los estudiantes) y las Becas Progresar destinadas a las alumnas y alumnos del secundario y los estudios superiores.
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El estudio de la Ctera detalla que “la disminución en términos reales del presupuesto con respecto al año 2023 llega a casi todos los programas de la Secretaría de Educación de la Nación (antes Ministerio)”. Esto se observa –pone de ejemplo– en lo destinado a Infraestructura y Equipamiento (-84,4 por ciento), Becas a estudiantes (-77,4), Acciones para la Formación Docente (-71,2) y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet) (-84,5).
Con los números que Milei proyecta para la educación argentina, la Ctera avisa que desaparecen los programas Fonid (Fondo de Incentivo Docente), Mejoramiento de la Calidad Educativa, Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones y Fortalecimiento de Jardines Infantiles.
Los comedores escolares pasan a ser una “actividad” del programa Gestión Educativa y Políticas Sociales. Los fondos para sostenerlos disminuyen un 10,6 por ciento en términos reales, respecto de 2023.
Congreso y calle
Además de denunciar el ajuste que se planifica y se viene aplicando en la educación, la Ctera exige al Congreso de la Nación que trate y apruebe “una nueva ley de financiamiento educativo que incremente el presupuesto educativo del 6 al 8 por ciento del PBI”. El destino inmediato de ese dinero es para “garantizar el funcionamiento de la paritaria nacional docente, la restitución del Fonid, aumentos salariales, infraestructura escolar acorde a las necesidades del sistema, comedores escolares, distribución de libros y notebooks, becas estudiantiles y todas aquellas condiciones dignas e imprescindibles para garantizar la realización de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, de manera adecuada”.
Como se trata de que los reclamos se escuchen en todos los territorios, además de pedir la atención de las y los legisladores, la Ctera convocó a un paro y movilización nacional para el martes 14 de octubre, al que la Amsafé ya adhirió. A la nómina de reclamos anteriores se suman los de mejorar las condiciones en que se enseña y aprende en las escuelas, además de la defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes (en Santa Fe esto se traduce en el pedido de derogación de la reforma previsional de Pullaro).
“La escuela enseña y construye esperanza” es el lema que levanta la Ctera en su plan de lucha para que el Estado se haga presente, asuma su responsabilidad y garantice los días de clases y los mejores aprendizajes. Y eso se hace con plata, no hay otra.
Publicado en el semanario El Eslabón del 11/10/25
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