Concentración y subsidio a los poderosos: la pauta oficial de Santa Fe, en un halo de misterio desde que asumió Pullaro, parece seguir alimentando los negocios de los grandes monopolios mediáticos.
La nueva Constitución santafesina aprobada por una mayoría potente –aunque sin mucha participación popular–, fruto de diversos acuerdos, incluyó en su texto un artículo sobre la libertad de expresión y cuestiones relativas al “derecho de acceso a la información pública”. Sin embargo, elementos como la pauta oficial se ven ensombrecidos por el mismo gobierno que llevó adelante ese proceso que resultó más bien en proclamar ciertas cuestiones que cualquier mozo de esquina sabe que están bien, permitir la reelección del gobernador y dar algunas facilidades a la policía. De las cosas que los mozos de esquina saben que están bien, mucha reglamentación no hay. Quizá por eso, a pesar del artículo relativo al acceso a información “clara, completa y concreta”, la última información sobre el destino de la pauta provincial sea del 2023.
Amigos míos
Hasta el año 2023, el gobierno provincial subía anualmente a la página web la inversión en pauta oficial. Desagregado en los distintos rubros –televisión, gráfica, radio, internet– y por organismo del Estado, allí está presente la estructura de ayuda del Estado a los medios. Haciendo foco en la gráfica, 6 de alrededor de 60 medios concentraban alrededor del 80 por ciento de la pauta provincial, que llegaba hasta los 1.000 millones de pesos, con La Capital y El Litoral llevándose casi 500 millones de ese total. En cuanto a la televisión, del total de 1.750 millones, poco más del 80 por ciento se repartía entre 9 canales. Y si elegimos sacar los que concentran menos de 100 millones en pauta, y tomamos a Telefé Rosario y Telefé Santa Fe como el mismo medio, entonces tenemos 1.176 millones de pesos repartidos en tres medios: Telefé (539 millones), Canal 3 Rosario (460 millones) y RTS medios (177 millones).
Todos estos números adquieren otro sentido cuando se va a los dueños. Detrás de La Capital y El Litoral, así como de Canal 3, ya estaba Gustavo Scaglione en 2023. Recientemente, el empresario mediático adquirió también Telefé, lo cual –de perdurar esta distribución de la pauta oficial– significaría que el Estado Provincial designa la mayor parte de la pauta publicitaria destinada a las comunicaciones al financiamiento de una sola empresa privada. Pero después del 2023 los datos dejan de tener esta claridad.
Cuando Javier Milei anunció los recortes en pauta nacional, Scaglione salió a la búsqueda, y allí pescó: en abril de 2024, festejaron un acuerdo con el gobierno provincial de Santa Fe. Pullaro asignó una pauta de 2000 millones de pesos, anuales, sólo para La Capital. Si uno revisa el año anterior, el total de la pauta para todos los medios gráficos consignados apenas superaba los mil millones. De un plumazo, se duplicaron los números y se asignaron solamente a un medio.
El dato es su ausencia
2024 fue también un año en que sucedió otra cosa: se dejaron de subir los informes pormenorizados sobre la pauta oficial a la página de la provincia. Desde entonces, no hay claridad sobre a qué medios va la pauta, ni en qué proporción.
Intentando hacer honor al espíritu de la Constitución y su voluntad de que el gobierno provincial dé información clara, completa y concreta, este medio salió a la búsqueda de los presupuestos de los últimos años para conocer el destino de esa pauta. La información es concreta, pero peca de incompleta, y no se podría decir que es clara y transparente como una gota de agua. Los presupuestos publicados en la página oficial de la provincia constan en general de varios archivos diferenciados. Nos interesan dos: el presupuesto propiamente dicho, y el presupuesto analítico, en el que los gastos están mucho más pormenorizados. Por graficarlo rápidamente, el primero suele constar de alrededor de 300 páginas, el segundo sobrepasa las mil.
El presupuesto de cada año se encuentra disponible en la página oficial de la Provincia, pero en él no aparece ningún gasto bajo las palabras “publicidad”, “propaganda”, ni “pauta”. En el presupuesto analítico, sin embargo, sí aparecen datos relativos a esto, bajo la categoría “publicidad” y “publicidad y propaganda”. Pero no se puede acceder a los archivos previos al 2025; cuando uno intenta ingresar lo sorprende una ausencia y unas palabras en rojo: “error: elemento no encontrado”.
Quedan, entonces, dos fuentes: el presupuesto analítico del 2025 y el aún no aprobado para el 2026. Allí está especificado el gasto en publicidad para cada organismo, y del ejecutivo en particular, pero no hay detalles al respecto. Sólo sabemos que el gasto en publicidad del ejecutivo del año 2025 fue de 7.000 millones de pesos, y en 2026 se plantea un gasto de 16.000 millones. A qué medios van, en qué proporción, es una incógnita.
Pauta para quién
Una pregunta sobre la función social de la pauta queda vigente desde un primer momento. El diputado santefesino Carlos Del Frade, en un proyecto de ley presentado hace ya varios años, fundamentaba: “Si bien el objetivo principal de la publicidad oficial es transparentar el Estado y comunicar informaciones de interés general, lo cierto es que la gran mayoría de los medios comerciales subsisten gracias a este aporte. Es decir, que en la práctica también termina siendo una forma de fomento. Una vez que aceptamos que esto es así, podremos defender mejor la idea de que los medios comunitarios tienen tanto derecho como los comerciales para recibir este aporte. Y más: son medios que necesitan mayor apoyo por sus más frágiles condiciones de trabajo”.
En el proceso de discusión de la Constitución Provincial hubo un intento por parte del Sindicato de Prensa y diversos sectores de periodistas y medios comunitarios de avanzar en este sentido. Allí, se redactó una propuesta de artículo 11, que contemplara no sólo la libertad de expresión sino también el derecho a la comunicación en un sentido más amplio que el reconocido por el gobierno provincial. Allí había un párrafo dedicado a la pauta: “Para garantizar el derecho a la comunicación e información en igualdad de posibilidades, el estado debe promover políticas públicas de fomento a los medios sin fines de lucro. La pauta oficial se distribuirá con equidad y transparencia”. Este párrafo no quedó en el texto final de la Constitución. Evidentemente, dejar de subir los datos pormenorizados sobre la pauta oficial no fue un simple desliz, un “olvido” de la gestión que estaría demasiado ocupada en otras cosas.
Por esto, si bien la transparencia es una virtud y algo que se viene declamando pero no cumpliendo desde el gobierno provincial, se trata de ir un poco más allá de eso y preguntarse qué tanto hay de libertad de expresión, comunicación libre y periodismo cuando grandes masas de dinero sostienen a los grandes conglomerados mediáticos. Otra pregunta válida es: esa pauta oficial, ¿a cambio de qué?
Publicado en el semanario El Eslabón del 22/11/25
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