El Congreso promulgó una ley que apunta al corazón del concepto de crímenes de lesa humanidad: su imprescriptibilidad. El ex dictador Fujimori está libre, y Boluarte, acusada por corrupción y genocidio, sigue gobernando.

Se cierra el círculo sobre la mandataria, denunciada por masacrar al pueblo y por corrupción. Tras la detención de su hermano y su abogado, por tráfico de influencias y asociación ilícita, sólo tiene el respaldo de corporaciones.

Mientras el genocida indultado Alberto Fujimori amaga con volver a la política, el gobierno de Dina Boluarte intenta sortear investigaciones judiciales por represión y corrupción. Y le abrió la puerta al Ejército de EEUU.

La presidenta provisional de Perú fue interrogada por la Fiscalía en el marco de la investigación por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra los manifestantes.

La presidenta provisional de Perú pretende descomprimir la situación adelantando los comicios, pero sin dejar de comprar armas para reprimir. Los legisladores siguen discutiendo proyectos sin resignar sus mezquinos intereses.

Miles de personas marcharon a Lima para exigir que se vaya Dina Boluarte, llamen a elecciones, liberen a Castillo y se disuelva el Congreso. La OEA desmintió al gobierno: “No son terroristas, son ciudadanos que protestan”.

La gestión de Boluarte, cada vez más parecida a una dictadura militar, justifica la masacre y culpa a las víctimas de “terroristas” mientras ejerce el terrorismo de Estado. Los medios hegemónicos apoyan a los asesinos del pueblo.

Tras el golpe parlamentario contra Pedro Castillo, el gobierno provisorio de Dina Boluarte se convirtió en un régimen autoritario cívico-militar. Los medios hegemónicos aplauden con manos ensangrentadas.