La petroquímica dio marcha atrás y anunció que su planta de Puerto General San Martín seguirá activa, para tranquilidad de sus 120 empleados. A cambio, la empresa pidió beneficios arancelarios para exportar.

El gobierno nacional intervino con una medida cautelar y una investigación por abuso de posición dominante para evitar el desguace de la petroquímica de insumos clave para la industria.