Los socios de la cooperativa Sancor entregaron el ajuste que les pedía Macri a cambio de un “rescate” millonario. La reestructuración aprobada implica despidos, recorte de salarios, venta y cierre de plantas.

Los medios hegemónicos hablan de “oposición”. Pero a los asesinatos y ataques contra edificios gubernamentales, incluso un hospital materno infantil, los denominarían “terrorismo” si fueran contra un gobierno amigo de EEUU.

Macri utilizó la crisis en la empresa láctea Sancor para impulsar la precarización laboral y expandir esa política neoliberal a otros sectores clave de la industria, donde ya empezaron a “adecuar” convenios colectivos de trabajo.

El Gobierno nacional logró imponer la discusión del convenio colectivo de trabajo de Atilra (lecheros) y la reducción de un bono destinado a su obra social como condición para destrabar un crédito para la cooperativa.

La desarticulación del incipiente proceso de industrialización que se propuso el kirchnerismo no es novedosa. En 1955 y 1976 ya se experimentó, con los resultados conocidos.

Solo faltaba para completar el patetismo del cipayo que el propio emperador enrostrara a su súbdito ser el representante no ya de una colonia bananera sino limonera.

Ataque artero al cine nacional, infames despidos en Radio Nacional, universidades invadidas por canas diversas. Cambiemos arma el barullo en la puerta del banco para que los ladrones huyan por la claraboya con el botín al hombro.

La escalada represiva de las últimas semanas es el correlato de la inauguración de una fase que comenzó el 1º de marzo, cuando el presidente inauguró las sesiones ordinarias del Congreso.

El gobierno se sostiene con el ejercicio de la violencia. La idea es arrasar con todos los derechos conseguidos tras años de luchas colectivas. Provocación, mentira y deslegitimación del otro atentan contra la salud pública.

Un Informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló la existencia de 855 fosas clandestinas, de donde se exhumaron 1.548 cadáveres.