El poder económico-financiero defiende cuestiones de privilegio y, con complicidad mediática que está abocado de lleno a la pelea contra la pandemia, por apuntalar la actividad productiva y sostener ingresos en la población.

Cuando el mandatario saliente anunció el crédito stand by del FMI, omitió decir que no cumplió con uno solo de los requisitos previos que la ley obliga. Eso permite al Estado reclamar que afronte con su patrimonio el perjuicio.