Mientras el genocida indultado Alberto Fujimori amaga con volver a la política, el gobierno de Dina Boluarte intenta sortear investigaciones judiciales por represión y corrupción. Y le abrió la puerta al Ejército de EEUU.
La presidenta provisional de Perú pretende descomprimir la situación adelantando los comicios, pero sin dejar de comprar armas para reprimir. Los legisladores siguen discutiendo proyectos sin resignar sus mezquinos intereses.
Miles de personas marcharon a Lima para exigir que se vaya Dina Boluarte, llamen a elecciones, liberen a Castillo y se disuelva el Congreso. La OEA desmintió al gobierno: “No son terroristas, son ciudadanos que protestan”.
“Asoman los lobos”, dijo el presidente colombiano Gustavo Petro para advertir sobre el renacer golpista en la región, que en Perú se expresa con ferocidad tan enorme como insuficiente para frenar la rebelión popular.
La gestión de Boluarte, cada vez más parecida a una dictadura militar, justifica la masacre y culpa a las víctimas de “terroristas” mientras ejerce el terrorismo de Estado. Los medios hegemónicos apoyan a los asesinos del pueblo.
Tras el golpe parlamentario contra Pedro Castillo, el gobierno provisorio de Dina Boluarte se convirtió en un régimen autoritario cívico-militar. Los medios hegemónicos aplauden con manos ensangrentadas.
El presidente Pedro Castillo fue derrocado por el Parlamento tras intentar disolverlo. Su destitución era una sentencia firmada antes de que asumiera. Las fuerzas de seguridad siguen masacrando a quienes defienden la democracia.
Fracasó la movida del Parlamento contra Pedro Castillo. No alcanzaron los 52 votos necesarios para abrir el proceso destituyente (faltaron 6). Pero fue apenas un intento más. La amenaza continúa.
La derecha peruana no se conforma con impedir gobernar a Pedro Castillo: quiere derrocarlo declarando su “incapacidad moral” y ya votó una nueva ley para quitarle más poder al ya debilitado Ejecutivo.
El presidente Pedro Castillo apuesta al desarrollo de la agricultura familiar, comunera y cooperativa. Busca la inclusión social de más de 2 millones de productores que suministran más del 80% de los alimentos que se consumen.
