El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe y el ministerio de Seguridad que dirige Maximiliano Pullaro han comprado el combo que tiene a Bullrich como su principal promotora.

Es prematuro determinar el costo político real que debió pagar Macri para que el Congreso apruebe las reformas previsional y tributaria, pero es evidente que su régimen ya no desfila a paso de ganso cruzando el Arco del Triunfo.

La unidad conseguida en la calle y en el Congreso, al calor de la resistencia contra las leyes de ajuste a los trabajadores y los humildes, puso de manifiesto la potencia opositora, y dejó expuestas las debilidades de Cambiemos.

Una nueva ley de seguridad interior pretende legalizar y profundizar la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Una práctica que ya se utiliza en forma encubierta y produce miles de muertos y desaparecidos.

La escalada represiva de las últimas semanas es el correlato de la inauguración de una fase que comenzó el 1º de marzo, cuando el presidente inauguró las sesiones ordinarias del Congreso.

Representantes de pueblos originarios, acompañados por organizaciones sociales y de derechos humanos, marcharon a los tribunales provinciales y a la sede local de la gobernación para repudiar la represión a la comunidad qom.

Tras el violento operativo policial desatado en el barrio qom de Rouillón y Maradona, se multiplicaron los repudios.

Sólo los incautos podían esperar que el gobierno de Mauricio Macri basado en el enriquecimiento ilícito propio y de sus socios internos y externos no tuviera un impacto catastrófico en la economía y una descomunal exclusión social